Luego de que el Senado pidió a congresos estatales armonizar su legislación para prevenir acoso y hostigamiento sexual docente, especialistas demandan a diputados locales hacerlo cuanto antes.
La violencia docente, que se presenta en la mayoría de los casos como acoso y hostigamiento sexual, es un problema que persiste y afecta a una gran parte de la población estudiantil, particularmente a las mujeres.
La Ley General de Educación y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen, como obligación de las entidades federativas, garantizar la seguridad en el entorno de los planteles educativos, lo que conlleva la emisión de protocolos de atención, mismos que ya existen, pero deben ser reevaluados, aseguro la especialista
María Teresa Martinez Investigadora de la Unicach.
"estas relaciones de poder que están asociadas a la opresión de las mujeres de algunas mujeres y no todas y a la violencia son difíciles de transformarlas radicalmente, como lo necesitamos, no necesitamos transformaciones a medias tintas y son transformaciones muy lentas."
Se trata de una problemática que afecta de manera mayoritaria a las mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 25.3 por ciento del total de mujeres, de 15 años o más que asistieron a la escuela alguna vez en su vida, sufrieron algún acto de violencia a lo largo de su vida estudiantil.
El dictamen, que se aprobó en la sesión del pasado 15 de noviembre, destaca que el acoso escolar se caracteriza por actos premeditados para provocar un daño, que se repiten y prolongan durante un tiempo, con un desequilibrio y desigualdad de fuerzas entre la persona agresora y la víctima, y que generalmente ocurren frente a otras compañeras, compañeros, espectadores o cómplices que legitiman o apoyan el comportamiento de la persona agresora.