Posibilidad de elegir orden de apellidos, realidad que pocos chiapanecos conocen

A nivel nacional, la posibilidad de elegir el orden de los apellidos que se le pondrán a los hijos e hijas, es una realidad que pocas personas conocen.

"No lo sabía, pero qué bueno que es una realidad".

"Muchas personas que conozco se identifican en sus redes sociales con el apellido materno".

En Chiapas, recientemente se abrió este debate, pues el Congreso del Estado firmó una iniciativa de reforma al artículo 58 del Código Civil, que tiene como objetivo fortalecer la libertad de decisión de la madre y del padre sobre el orden de los apellidos del hijo o de la hija.

"En 2018 efectivamente se emitió una reforma donde da una posibilidad, pero esa posibilidad estaba sin reglamentación, muy escueta".

Aunque desde 2018 existe esta posibilidad, existían muchos vacíos que hoy se pretenden aclarar.

"La propuesta de reforma de las 22 compañeras diputadas es fortalecer, no estaba definido si la elección puede ser el primer hijo? ahorita se establece que, así como el primer hijo de esa primera unión debe venir subsecuente".

El argumento para ampliar el artículo 58 del Código Civil del Estado de Chiapas, tiene que ver con un tema de justicia social y la promoción de igualdad sustantiva para todas las mujeres.

"En mi caso, yo me identifico con mi segundo apellido, me hubiera gustado que el apellido materno fuera el primero y ahora que voy a ser mamá, me gustaría que mi hijo tuviera mi apellido materno".

Sin embargo, se plantea la libertad de decisión de las familias y se alinea con el principio de igualdad y no discriminación.

"Muchas mujeres nos compartieron que no sabían del tema y no les habían dado ninguna opción? muchas de las mujeres son las que crían a sus hijos y tienen que llevar el apellido del papá".

En varios estados en México ya han implementado esta reforma en sus códigos civiles, ya sea a nivel legislativo o mediante resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante, con esta propuesta, se busca que las familias no tengan que emprender procesos jurídicos, sino, que puedan hacerlo en los propios registros públicos, sin obstáculo alguno.