En Chiapas impera el auto gobierno penitenciario en las cárceles y las violaciones a los derechos humanos están a la orden del día.
La extorsión hacía los reclusos de nuevo ingreso como contra quienes ya purgan una condena es una realidad a la vista de las propias autoridades encargadas de estos centros de readaptación social.
La mayoría de internos al ser de escasos recursos económicos o al no tener una popularidad abierta, son víctimas de vejaciones, casos en donde los directivos de administraciones pasadas y actuales, se han convertido incluso en cómplices de ese tipo de extorsión.
"En muchos de los casos nunca se ha aplicado un sistema de justicia en contra de un director, en contra de un alcalde, en contra de un custodio que haya participado en conjunto con el auto gobierno penitenciario."
Un interno de nuevo ingreso paga de talacha de entre 5 mil, 30 mil y hasta cien mil pesos, más un pago extra de la plancha qué no es más que la base de concreto donde el interno dormirá aún en medio de está pandemia por COVID-19 donde se supone que las visitas familiares han estado restringidas.
"Se ha sabido de extorsiones enormes, porque ha habido incluso cobro de talacha hasta de cien mil pesos o más cantidades han sido los penales como el Amate, el de San Cristóbal de Las Casas, penal de Tapachula el varonil, el penal de Tonalá, esos han sido los penales que como que han tenido mayor índice, hablamos del penal de Comitán, Ocosingo, hablamos del penal de Playas de Catazajá en realidad todos los centros penitenciarios tienen este tipo de practicas corruptas."
El auto gobierno penitenciario en Chiapas es "elegido" bajo democracia dentro del penal en otros impera la ley del más fuerte donde se les conoce como precisos o representantes qué son las personas que tienen contacto directo con los directores, alcaldes, custodios, y cabos.
Ante está situación piden la intervención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para evitar los malos tratos y tratos inhumanos en contra de los reclusos.