Representantes de derechos humanos piden respeto a sus actividades
Organizaciones agrupadas al Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano solicitan a la relatora especial sobre la Situación de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, su intervención a fin de que se garanticen las condiciones de seguridad y dignidad en la labor de promoción y defensa de los derechos humanos que realizan.
La carta está firmada por organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, la Red Jesuita con Migrantes, Servicio Jesuita a Refugiados, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Voces Mesoamericanas, Foca AC, La 72 y Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.
En ella sustentan su petición señalando que recientemente han visto obstaculizadas sus labores de acompañamiento a personas migrantes y con necesidades de protección internacional, así como un hostigamiento constante por parte de autoridades del orden federal y de distintos cuerpos de seguridad y militares, que ha escalado hasta la criminalización de este trabajo.
Agregan que ante la negativa de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para permitir el ingreso de personas solicitantes de refugio u otras formas de protección internacional a territorio mexicano en el puente fronterizo Rodolfo Robles, señalan que estas organizaciones han acudido para dar acompañamiento a las personas, brindar información adecuada y suficiente para presentar su solicitud y observar que se garantice su acceso al procedimiento de refugio y al territorio.
En el documento señalan que, a partir de las restricciones de ingreso por vía terrestre en la frontera sur de México, han documentado el rechazo constante a familias con necesidades de protección internacional, incluidas personas que viajan con niños, niñas y adolescentes y otras personas en condiciones de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, personas de la comunidad LGBT y víctimas de violencia de género.
Afirman que en esas labores de acompañamiento han sufrido y documentado el hostigamiento constante por parte de las autoridades encargadas de la administración del Puerto Fronterizo, así como de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes en reiteradas ocasiones niegan el acceso al puerto fronterizo e incluso se ha intentado expulsarlos junto con las familias hacia el territorio de Guatemala.
Por ello, el colectivo solicita se exhorte al Estado mexicano, a la Segob, SRE, INM y Sedena a garantizar condiciones de seguridad, dignidad y respeto a las labores de promoción y defensa de los derechos humanos.