En Chiapas, una operación conjunta permitió a las autoridades detener en noviembre de 2025 a un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que Estados Unidos designa como terrorista extranjera. De acuerdo con el informe, la detención fue por delitos que incluyen reclutamiento forzado y trata de personas.
Durante 2025, las autoridades mexicanas no procesaron ni condenaron a ningún funcionario cómplice de delitos de trata de personas. En el mismo periodo, los casos investigados bajaron de 661 a 489, según el Informe sobre la Trata de Personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Con base en esos resultados, el documento mantiene a México en el Nivel 2. En esa categoría están los gobiernos que no cumplen plenamente con las normas mínimas para eliminar la trata, aunque realizan esfuerzos significativos para lograrlo.
El número de víctimas identificadas pasó de 860 en 2024 a mil 743 en 2025, detalla el reporte. Además, en el país ningún refugio gubernamental o civil aceptaba a hombres y pocos recibían a adolescentes mayores de 16 años.
La dependencia estadounidense precisa que las autoridades federales iniciaron solo cuatro procesos por trata sexual. Las fiscalías estatales se encargaron del resto de los procesos y de todas las condenas reportadas.

Panorama en Chiapas
En Chiapas, una operación conjunta permitió a las autoridades detener en noviembre de 2025 a un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que Estados Unidos designa como terrorista extranjera. De acuerdo con el informe, la detención fue por delitos que incluyen reclutamiento forzado y trata de personas.
El documento advierte también que los grupos criminales secuestran a personas migrantes, cada vez más en los estados del sur, para exigir rescates o forzarlas a pedir transferencias de dinero a sus familias. Esa práctica las expone a secuestros repetidos y a la servidumbre por deudas.
En la misma región, la mayoría de las víctimas extranjeras de trata proviene de Centroamérica y Sudamérica, y algunas fueron explotadas a lo largo de la frontera sur, señala el Departamento de Estado. A ello se suman cerca de 6 mil personas de Guatemala y Belice que recibieron tarjetas de visitante trabajador para emplearse en el sur de México. Muchas de ellas, agrega el reporte, no tenían opciones prácticas para dejar a empleadores abusivos sin afectar su estatus migratorio.
Los reclutadores informales, conocidos como "enganchadores", cobran tarifas ilegales para colocar a trabajadores agrícolas y operan sin supervisión del gobierno, consigna el informe. Durante el periodo evaluado, las autoridades no reportaron multas a ninguna agencia de empleo por violaciones a la ley laboral.
En cuanto a la corrupción, el gobierno mexicano investigó a un integrante de las fuerzas armadas por su presunta participación en trata sexual. Tampoco hubo actualizaciones sobre los casos previos contra servidores públicos del sector judicial o de gobiernos locales, expone el documento.
Por otra parte, los jueces recién electos no recibieron capacitación sobre trata de personas. El reporte indica que policías y agentes no especializados con frecuencia acusaron a los tratantes por otros delitos con penas menores. En junio de 2025, el gobierno disolvió la agencia nacional de coordinación contra el secuestro, designada en 2023 como la instancia principal para coordinar las investigaciones de trata entre autoridades federales y estatales.
Respecto a los procesos judiciales, en 2025 se inició el enjuiciamiento de 268 sospechosos: 177 por trata sexual, 37 por trata laboral y 54 por formas no especificadas. Los tribunales condenaron a 124 tratantes, 85 por trata sexual y 39 por trata laboral, frente a los 162 procesados y 98 condenados de 2024, refiere el organismo.
De las mil 743 víctimas identificadas, mil 291 fueron reportadas por agencias federales y 452 por gobiernos estatales. Según el desglose del informe, 548 correspondieron a trata sexual, 139 a trata laboral y mil 56 a formas no especificadas, y 122 eran de origen extranjero.
En el mismo año, mil 57 víctimas recibieron servicios del gobierno o de organizaciones apoyadas por este, frente a 381 en 2024. El gobierno otorgó asistencia financiera y compensación a 71 víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos y trata de personas, por un total de 60 millones 890 mil pesos, equivalentes a 3 millones 390 mil dólares, reporta el Departamento de Estado.
Fiscalías y organizaciones civiles operan 14 refugios especializados en trata en el país. En octubre de 2025, las autoridades trasladaron a 80 niñas y niños de un refugio civil a uno gubernamental en la Ciudad de México, tras denuncias de abuso sexual y servidumbre doméstica. Un mes después, el gobierno permitió el regreso de 32 de ellos al mismo refugio, documenta el informe.
El Programa Nacional contra la trata expiró en 2024 y el nuevo plan 2025-2030 no se hizo público al cierre del periodo evaluado. De igual forma, el gobierno anunció un plan nacional para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales, sin concluirlo.
Finalmente, el reporte menciona al Cártel de Sinaloa, al CJNG y al Tren de Aragua entre las organizaciones que explotan a niñas, niños y adultos en trata sexual, trabajo forzado y delincuencia forzada. Para ello recurren a ofertas de empleo falsas, chantaje, amenazas de muerte, secuestro y dependencia a las drogas.