205 defensores asesinados desde 2016: la deuda de México

Organizaciones de derechos humanos y familiares de la abogada y defensora Digna Ochoa denunciaron este 3 de septiembre que el Estado mexicano mantiene un incumplimiento del 93 % de las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con el asesinato ocurrido en 2001

De acuerdo con Soledad Sánchez, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), de las 14 medidas de reparación ordenadas en 2021, el Estado solo ha cumplido con una: la disculpa pública realizada en octubre de 2022.

El resto de las acciones -que incluyen cambios estructurales, protocolos de investigación y mecanismos de protección- siguen pendientes.

Una investigación marcada por omisiones

Digna Ochoa, reconocida abogada y defensora de derechos humanos, fue hallada muerta el 19 de octubre de 2001 en su oficina en la colonia Roma, Ciudad de México.

Durante años defendió casos contra funcionarios y militares acusados de violaciones a derechos humanos, lo que la llevó a sufrir amenazas y un secuestro en 1999. Por ello, organismos internacionales pidieron al Estado mexicano protegerla, pero esas medidas se retiraron poco antes de su asesinato.

Tras su muerte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal denunció que ya se había advertido al gobierno sobre el riesgo que corría.

Jesús Ochoa, hermano de la defensora, lamentó que en los últimos cuatro años "no se haya avanzado absolutamente nada" en esa línea. Además, pidió investigar a exfuncionarios como Renato Sales Heredia, Margarita Guerra y Tejada, José Antonio Pérez Bravo, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Bernardo Bátiz Vázquez, quienes tuvieron responsabilidades en las pesquisas iniciales.

Las organizaciones también denunciaron la ausencia de una campaña nacional de reconocimiento a la labor de defensores, la carencia de un protocolo federal de investigación de agresiones y la debilidad del Mecanismo Nacional de Protección

Saulo Loya, integrante del Espacio OSC -red que agrupa a 14 ONG de derechos humanos-, informó que de 2016 a la fecha se han documentado 205 asesinatos de defensores y periodistas, además de 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones.

De estos ataques, el 47 % habría sido perpetrado por funcionarios públicos, afirmó.

Entre enero de 2023 y julio de 2025, añadió, el mecanismo rechazó el 68 % de las solicitudes de defensores y 45 % de periodistas, lo que, en su opinión, refleja la falta de una respuesta efectiva del Estado mexicano.

"No pedimos otra cosa más que justicia"

La familia de Digna Ochoa reiteró su exigencia de justicia y recordó que la sentencia de la CIDH no solo busca reparar el daño, sino también evitar la repetición de crímenes contra defensores en México.

"Que la famosa cuarta transformación no se limite a obras y programas sociales, sino que también alcance a la justicia", expresó Jesús Ochoa al insistir en que el Estado debe asumir plenamente las obligaciones que le impuso la Corte Interamericana.