Abogado acusa intento de concentrar el control de la justicia en Veracruz

La posible remoción de la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Rosalba Hernández Rous, mediante un procedimiento de evaluación de desempeño, podría responder a intereses políticos para colocar a una persona afín al gobierno y concentrar el control de la justicia estatal, consideró el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa.

Autonomía del Poder Judicial

El integrante de la asociación Proyecto Inocencia Veracruz señaló que existe preocupación por la autonomía del Poder Judicial, pues considera que actualmente las decisiones están condicionadas por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración.

Esto, luego de que el pasado 21 de octubre se anunciara una evaluación ordinaria al desempeño, procedimiento que la magistrada presidenta impugnó ante el Tribunal de Disciplina Judicial para solicitar su nulidad e invalidez.

La presidenta argumentó que los criterios de evaluación no corresponden a las funciones que desempeña, debido a que sus actividades se concentran en tareas de dirección y representación, además de cuestionar los plazos y la competencia de la autoridad evaluadora.

Separación del cargo

Al respecto, Mundo Arriasa consideró que el procedimiento podría utilizarse como argumento para separarla del cargo y posteriormente designar a alguien que responda a los intereses del gobierno.

"Lo que pretenden hacer es reprobarla o simular que la reprueban para decirle a los veracruzanos que no está apta para ese cargo, a pesar de que ella fue electa popularmente", expresó.

Poder Judicial independiente

Aclaró que su postura no representa una defensa personal de la magistrada, sino que busca garantizar la existencia de un Poder Judicial independiente, con contrapesos reales.

También cuestionó que no se hayan atendido solicitudes para revisar de oficio la situación jurídica de más de 8 mil 500 personas que permanecen en prisión preventiva en las cárceles veracruzanas.

Insistió en que una eventual separación de Hernández Rous debe analizarse bajo el principio de autonomía judicial y transparencia en los procedimientos de evaluación.