El Congreso del Estado de Veracruz aprobó la enajenación de nueve aeronaves propiedad del Gobierno estatal, una operación que podría generar ingresos superiores a los 90 millones de pesos, de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda.
La medida fue avalada tras la solicitud enviada el pasado 10 de abril por la gobernadora Rocío Nahle García, con el objetivo de poner a la venta unidades que, en su mayoría, presentan antigüedad considerable y elevados costos de mantenimiento.
Aeronaves con distintos niveles de antigüedad
El paquete autorizado incluye helicópteros y aviones fabricados entre 1998 y 2014, lo que refleja una flota heterogénea en términos de vida útil y condiciones operativas.
De acuerdo con la información oficial, el valor de estas unidades oscila entre los 80 mil y más de un millón de dólares, dependiendo del modelo, el estado físico y su capacidad de operación.
Entre las aeronaves con mayor valor destaca el helicóptero Airbus Helicopter AS350B3E, fabricado en 2014, con un avalúo superior a 1.4 millones de dólares. También figura el modelo Bell 407, del año 1998, así como el avión Hawker Beechcraft King Air B200, utilizado para traslado y operaciones logísticas.
Proceso de aprobación y destino de recursos
El dictamen establece que la venta se realizará mediante subasta pública, con la finalidad de garantizar condiciones de competencia y transparencia.
Los recursos obtenidos podrían destinarse a gastos operativos, inversión pública y eventualmente a la modernización de equipos utilizados en tareas de atención a emergencias.

Señalamientos durante la discusión
Durante el análisis legislativo, surgieron cuestionamientos por parte de algunos integrantes del Congreso, quienes advirtieron la falta de avalúos individuales detallados de cada aeronave.
También se planteó el riesgo de que los activos pudieran ser vendidos por debajo de su valor real, lo que generó un llamado a vigilar el proceso para evitar posibles irregularidades.
Por su parte, integrantes de la Comisión de Hacienda defendieron la decisión al señalar que las aeronaves representan un gasto constante en mantenimiento y operación, lo que limita su eficiencia.
Aseguraron que la venta responde a criterios de utilidad pública, al permitir liberar recursos que podrían ser utilizados en áreas prioritarias para la población.
Contexto general
Esta decisión forma parte de una estrategia para reorganizar los activos del Estado, en un contexto donde diversas administraciones han optado por reducir costos y actualizar su infraestructura operativa.
El resultado final dependerá de la transparencia del proceso de subasta y del destino que se dé a los recursos obtenidos.