Cámaras apagadas, dinero encendido:la corrupción detrás del sistema de videovigilancia de Yunes

Con este discurso el entonces gobernador de Veracruz, Miguel ángel Yunes Linares anunciaba con bombo y platillo la instalación de un moderno sistema de videovigilancia que prometía reforzar la seguridad en el estado. El proyecto fue presentado como una de las principales estrategias para combatir la violencia, con 6,400 cámaras distribuidas en las principales ciudades de Veracruz. Sin embargo, el sistema terminó siendo símbolo de corrupción, sobrecostos y fallas técnicas.

La inversión de más de mil 116 millones de pesos contemplaba la adquisición, instalación y puesta en marcha de cámaras, cableado, centros de control y mantenimiento. Sin embargo, sólo poco más del 30 por ciento están en funcionamiento, es decir, apenas 2 mil 280.

La Presidenta del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), Delia González Cobos, detalló que las investigaciones continúan.

"la investigación sigue, hay órdenes de aprehensión, la Fiscalía es la encargada de todo, nosotros no le podemos decir como hacer su trabajo"

En una de las últimas ruedas de prensa que ofreció el exgobernador en el Puerto de Veracruz, en mayo de 2024, el exgobernador Miguel ángel Yunes Linares, señaló que no ha sido requerido por las autoridades pero que está dispuesto a colaborar.

"yo nunca fui citado, nunca he sido citado por un juez? el día que me citen voy, soy un buen ciudadano"

Recientemente se dio a conocer que la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) determinó que la empresa Comtelsat encargada de la instalación de los equipos de videovigilancia durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes incurrió en una falta grave pues no concluyó la instalación, ni garantizó el funcionamiento de miles de cámaras en el estado, por lo que se citó a los representantes de la firma por su presunta responsabilidad.

En diciembre de 2018, la SSP impuso multas de hasta 500 mil pesos diarios a Comtelsat por incumplimiento de plazos y deficiencias técnicas. Años después, en 2025, la Contraloría estatal reactivó un procedimiento administrativo por falta grave contra la empresa, derivado de las fallas persistentes en el sistema de videovigilancia.