Cárceles al límite: Crisis y violencia en los Ceresos de Veracruz

En el estado de Veracruz, el sistema penitenciario atraviesa una profunda crisis estructural que refleja no sólo el colapso de los mecanismos de justicia, sino también el abandono institucional de miles de personas privadas de su libertad. La situación cobra relevancia tras el reciente motín en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tuxpan en el que murieron ocho personas y 10 más resultaron heridas.

De los 18 ceresos que existen en Veracruz, por lo menos 15 operan por encima de su capacidad. Esta cifra, se traduce en la vida cotidiana en condiciones inhumanas, falta de acceso a servicios básicos, violencia interna y una negación sistemática de los derechos fundamentales de los internos.

El número de personas privadas de la libertad en las prisiones veracruzanas es de 7 mil 587 personas, superando los 6 mil 946 espacios disponibles en los 18 centros de reinserción social.

Esto representa una sobrepoblación del 9.23 por ciento.

Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)- 2023

Recientemente fueron examinados siete de los 18 Centros de Readaptación Social (CERESO) de Veracruz fueron evaluados, ninguno cumplió con los estándares de certificaciones internacionales, la calificación general fue de 6.3 de 10.

gráfico- Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2024

Los peores calificados fueron los Ceresos de Poza Rica, Chicontepec y Pánuco.

Aunque el penal de Tuxpan no fue evaluado, en su último registro corresponde al año 2023, tuvo una de las mejores calificaciones. Sin embargo el reciente motín evidencia graves fallas. Según versiones de los propios internos, el conflicto fue a causa de presuntos abusos de grupos delictivos dentro del penal.

Pese a la gravedad, la gobernadora Rocío Nahle se limitó a comentar que la Fiscalía será la encargada de dar a conocer los detalles de la situación de los penales de Veracruz.

Condiciones infrahumanas, es parte del día a día de miles de reclusos. Este panorama evidencia no sólo una crisis penitenciaria, sino una falla estructural del Estado, donde el incumplimiento de derechos humanos y la impunidad propician que los Ceresos se conviertan en territorios dominados por grupos delincuenciales.