Colectivos acusan imposición de titular en Comisión de Búsqueda
Integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz expresaron su inconformidad con el nombramiento de Lutgarda Madrigal Valdez como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBV), al considerar que se trató de una imposición disfrazada de proceso de selección.
Madres buscadoras coincidieron en que la designación fue una simulación para legitimar a quien ya fungía como encargada de despacho desde diciembre del año pasado. Aseguran que el proceso careció de transparencia, pues no se publicaron las calificaciones ni se explicó cómo fue seleccionada la ahora titular.
Marisol Ramírez Calte, una de las madres buscadoras, exigió conocer los puntajes de cada aspirante y cuestionó que no se haya convocado al Mecanismo Estatal de Búsqueda, como marca la ley.
"El mensaje que nos están dando es que el tema de desaparecidos no es una prioridad. No respetaron metodología ni tiempos, y hubo ocultamiento de información desde la Secretaría de Gobierno", denunció.
A su vez, María Elena Gutiérrez, del colectivo "Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz", calificó a Lutgarda Madrigal como la persona menos indicada para ocupar el cargo, al carecer de experiencia forense o trabajo directo con víctimas.
"Su plan de trabajo parecía más una tesis de maestría. No responde a las necesidades reales del organismo ni de las familias", afirmó.
Por su parte, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, vocera del Colectivo Solecito Veracruz, insistió en que el proceso fue una farsa: "Si no se transparentan los resultados, no hay credibilidad ni legitimidad. Para nosotros, fue una imposición".
Cuestionó además la falta de experiencia técnica de Madrigal en materia forense, un área fundamental para la atención de los casos de personas desaparecidas.
"¿Por qué montar toda esta producción para justificar lo que ya estaba decidido?", concluyó.
Los colectivos hicieron un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que reconsidere la designación y se garantice un proceso legítimo que tome en cuenta a las víctimas y a las familias.
