El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial por 2 mil 749.6 millones de pesos durante la revisión de la Cuenta Pública 2025, monto que se concentra principalmente en ayuntamientos y corresponde al último año de las administraciones municipales que concluyeron en 2025.
La auditora general Delia González Cobos entregó este martes el Informe de Resultados a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso local. Precisó que las observaciones alcanzaron a 181 de los 211 municipios auditados, donde el posible daño a las haciendas públicas municipales suma 2 mil 703.3 millones de pesos.
El resultado no representa una sentencia ni acredita por sí solo un desvío de recursos. Se trata de observaciones que tras el procedimiento de fiscalización no fueron solventadas con la documentación requerida y que pueden derivar en investigaciones, responsabilidades administrativas, reintegros o denuncias, según corresponda.
Municipios concentran las principales observaciones
Del total reportado, los municipios acumulan la mayor parte de las irregularidades. Además, de 19 organismos paramunicipales revisados, 14 presentaron observaciones por 42.1 millones de pesos.
En el ámbito estatal, 17 entes fiscalizables registraron un presunto daño patrimonial conjunto de 4.2 millones de pesos. Los restantes presentaron inconsistencias administrativas o recomendaciones, mientras que la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo no registró irregularidades patrimoniales.
La auditora señaló que Tantoyuca fue el ayuntamiento con el mayor monto observado, aunque durante la presentación pública no detalló la cifra específica correspondiente a ese municipio.

Cambio de administraciones influyó en observaciones
González Cobos explicó que parte del incremento frente a la Cuenta Pública 2024 se relaciona con el cambio de gobiernos municipales. De acuerdo con su postura, la falta de comunicación entre autoridades salientes y entrantes dificultó la entrega o certificación de expedientes necesarios para aclarar el destino de los recursos públicos.
No obstante, aclaró que el órgano fiscalizador cuenta con sistemas electrónicos que concentran información financiera entregada durante el ejercicio, por lo que la pérdida o falta de documentos físicos no impide por completo las revisiones.
Sobre la Secretaría de Salud, indicó que no se detectó daño patrimonial en los recursos estatales revisados durante 2025. Los recursos de origen federal, explicó, corresponden a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación.
El informe será analizado por el Congreso de Veracruz, que determinará las acciones subsecuentes para los entes y exservidores públicos involucrados.