La llegada de Lisbeth Jiménez Aguirre a la Fiscalía General de Veracruz ocurre en un momento particularmente decisivo para la vida institucional del estado. Su nombramiento es la culminación de una serie de tensiones políticas y exigencias sociales que han marcado los últimos años.
De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025 del INEGI, durante 2024, en Veracruz se abrieron 81,131 carpetas de investigación. De estas, 51,389 obtuvieron una determinación inicial y 4,159 alcanzaron una determinación complementaria. Al cierre del año, 16,102 carpetas quedaron pendientes de concluir.
Entre los grandes pendientes que recibe la nueva titular de la Fiscalía del Estado se encuentra la problemática de las desapariciones de personas y la atención a víctimas, la lucha contra la corrupción interna, la profesionalización del personal forense y ministerial y por supuesto la acumulación histórica de carpetas de investigación, casos que tardan años en avanzar o se estancan, lo que alimenta la percepción de impunidad.
El abogado, Tomás Mundo consideró que hasta el momento los resultados de la FGE han sido deficientes.
"hay mucho por hacer, servicios periciales que es donde debe capacitar, policías, administrativos, personal en general, sino vamos a seguir teniendo una de las peores fiscalías del país".
La gobernadora Rocío Nahle García, fue quien presentó ante el Congreso del Estado la propuesta de designar a Lisbeth Jiménez Aguirre como la nueva titular de la Fiscalía, lo que fue criticado por diputados de oposición.
El Diputado Local del PRI, Héctor Yunes Landa, dijo que se trata de una "fiscal carnal".
Por su parte, la nueva titular de la Fiscalía de Veracruz, reconoció la importancia de abatir el rezago en las carpetas de investigación, así como la necesidad de justicia para las víctimas.
De lograr articular una estrategia independiente, eficiente y sensible ante las víctimas, Lisbeth Jiménez Aguirre podría marcar un antes y un después como titular de la Fiscalía General de Veracruz de lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un capítulo más dentro de la larga lista de oportunidades perdidas en la procuración de justicia en Veracruz.