Este día restringen celulares en escuelas de Veracruz: estas son las reglas

A partir de este martes 3 de noviembre entrará en vigor la restricción del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales en escuelas de educación básica de Veracruz y del resto del país. La disposición aplicará durante toda la jornada escolar, incluidos los periodos de recreo tanto en planteles públicos como particulares.

La medida forma parte de una regulación federal impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyo propósito es reducir las distracciones en las aulas, favorecer el aprovechamiento académico y fortalecer la convivencia entre estudiantes.

Las nuevas disposiciones están establecidas en el Acuerdo número 09/09/26 publicado el pasado 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Su aplicación contempla los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

¿Los estudiantes podrán llevar celulares a las escuelas?

Una de las principales dudas entre madres, padres de familia y estudiantes es si los teléfonos deberán quedarse obligatoriamente en casa.

El acuerdo establece una restricción sobre su utilización, pero no dispone una prohibición general de ingresar con estos dispositivos a los planteles. El decálogo de educación básica recomienda dejarlos en casa o mantenerlos guardados durante toda la jornada escolar.

Esto significa que los alumnos no podrán utilizarlos libremente para revisar mensajes, consultar redes sociales, jugar o realizar otras actividades ajenas al aprendizaje mientras permanezcan en la escuela.

La disposición también contempla los relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos personales.

Estas son las excepciones para utilizar dispositivos

La restricción no será absoluta. El acuerdo contempla situaciones en las que los estudiantes podrán utilizar sus dispositivos bajo determinadas condiciones.

Entre las excepciones se encuentran:

• Actividades educativas previamente programadas y supervisadas por docentes.
• Emergencias personales que requieran comunicación inmediata.
• Necesidades relacionadas con la salud del estudiante.
• Discapacidad, accesibilidad e inclusión educativa.
• Circunstancias particulares y extraordinarias de las comunidades escolares.

Para atender situaciones de emergencia, los estudiantes deberán acudir con sus maestros para solicitar ayuda y facilitar la comunicación con sus familiares mediante los canales establecidos por cada escuela.

¿Qué pasará en preparatorias y universidades?

Las reglas serán diferentes para los estudiantes de educación media superior.

En preparatorias y bachilleratos no se aplicará una prohibición generalizada bajo las mismas condiciones que en educación básica. Cada institución deberá realizar una asamblea con su comunidad educativa para establecer las medidas correspondientes.

Entre las modalidades contempladas están el resguardo de teléfonos durante las clases, la autorización de utilizarlos en determinados horarios y espacios o la restricción durante toda la jornada escolar.

En las universidades tampoco se establece una prohibición general. La regulación promueve el uso responsable y seguro de los dispositivos, respetando la autonomía académica y administrativa de cada institución.

¿Por qué se restringe el uso de celulares?

La Secretaría de Educación Pública fundamentó la regulación en una consulta nacional realizada durante los Consejos Técnicos Escolares, en agosto de 2026, en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas.

Entre los resultados destacan los siguientes indicadores:

• 79.7 por ciento de los docentes identificó dificultades para mantener la atención de los estudiantes.
• 70.8 por ciento observó cansancio o somnolencia durante la jornada escolar.
• 38.7 por ciento reportó conflictos originados en redes sociales que posteriormente continuaron o se manifestaron dentro de las escuelas.

Con estas medidas, las autoridades educativas buscan reducir las distracciones, fortalecer las relaciones presenciales y promover un aprovechamiento responsable de la tecnología.

El acuerdo establece que las autoridades educativas estatales tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes. Este periodo no representa una prórroga para comenzar la aplicación de las disposiciones que entran en vigor este 3 de noviembre.