En el estado de Veracruz, el agua se ha convertido en un recurso secuestrado. El robo, el mal uso y la corrupción que rodean su gestión revelan una crisis institucional profunda, donde la negligencia gubernamental, las redes criminales y los intereses empresariales han convertido este derecho humano en un privilegio.
Las tomas clandestinas, la manipulación de medidores y las redes de "huachicoleo del líquido" muestran que ya no fluye de manera equitativa, sino a través de estructuras ilegales que lucran con la necesidad de miles de personas.
Cada año, organismos operadores detectan cientos de tomas clandestinas en pozos y redes públicas, lo que representa pérdidas millonarias y un desabasto crónico para comunidades enteras.
Además el agua se concesiona a empresas privadas, incluidas industrias, mineras, cerveceras, embotelladoras, agroindustrias y complejos energéticos. Lo que les permite extraer, usar o aprovechar volúmenes específicos de agua de ríos, presas o acuíferos.
Esta acción tiene efectos económicos, sociales y ambientales que pueden ser positivos o negativos, según cómo se regule y supervise.
Particularmente en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, este tema se ha vuelto conflictivo por la falta de control, transparencia e inconformidad en general por el mal servicio.
Y aunque se trata de un derecho fundamental, en Veracruz el agua se ha convertido en un negocio, que incluso ha cobrado la vida de personas.
En junio de 2024, campesinos pertenecientes al Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca bloquearon la carretera federal 140 en Totalco, Perote. La protesta era contra la empresa Granjas Carroll, a la que acusaban de acaparamiento del líquido y contaminación de mantos acuíferos, el hecho dejó dos campesinos muertos a manos de la hoy extinta fuerza civil.