El instituto Veracruzano de las Mujeres tiene un año que se encuentra acéfalo, sin la autoridad que se requiere para el ente más importante en lo que al diseño de políticas públicas, elaboración de presupuestos y programas, coordinación de acciones y promoción de campañas con perspectiva de género se refiere.
Desde la renuncia de Yolanda Olivares, en mayo del 2019, quedó como encargada de despacho María del Rocío Villafuerte Martínez, quien estaba fungiendo como la titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz con la actual administración.
Diversas asociaciones feministas, y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, acusan al Gobierno del Estado de Veracruz de desinterés al posponer durante más de 12 meses, la designación de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Señalan que esta situación esta afectando el funcionamiento del Instituto y por ende transgrediendo el derecho de las veracruzanas a beneficiarse de sus programas y acciones.
Actualmente la problemática en Veracruz se mantiene incluso con la contingencia por Coronavirus, Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a marzo del 2020, 13 mil 243 veracruzanas sufrieron algún tipo de violencia.
La Colectiva "Abogadas con Perspectiva", solicitaron mediante una carta dirigida al gobernador del estado de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez se aclaren las irregularidades que encontraron en los requerimientos para el reclutamiento de personal para colaborar en el PAIMEF (Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas) situación que no fue transparente y que denuncian hubo una simulación para contratar al personal.
Por ello es grave e inadmisible que no se efectúe la convocatoria para la elección de la Titular del IVM que fue elaborada y entregada a la Secretaría del Gobierno del Estado de Veracruz, desde el 31 de julio del 2019.
La situación preocupa ya que significaría un claro desinterés así como un acto de violencia institucional e incumplimiento del deber legal por parte de la dependencia o las personas que resulten responsables de obstruir su publicación.
Actualmente esta ausencia ha traído un rezago en la lucha de la violencia de género.