ORFIS reporta 151 denuncias pendientes por daño patrimonial en Veracruz

Fiscalía Anticorrupción sigue trabajando en casos presentados por el ORFIS

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), Delia González Cobos, informó que de las 361 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto daño patrimonial entre 2007 y 2022, 151 aún permanecen sin resolver.

Señaló que estas denuncias involucran a ayuntamientos, fideicomisos, dependencias, institutos tecnológicos, universidades públicas y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con un monto total de daño estimado en 35 mil 728 millones de pesos.

"Hemos estado trabajando en mesas junto con la Fiscalía Anticorrupción, presentamos 361 denuncias y bueno vamos a establecer con la Fiscalía Anticorrupción , quedaron 151 pero vamos a ver todavía si bajamos todavía ese número", dijo.

Afirmó que a través de mesas de trabajo con la Fiscalía Anticorrupción, se ha avanzado en la resolución de casos, definiendo en cuáles procede la eliminación de las denuncias y en cuáles no.

"Están entregando documentación los municipios que tienen pocas observaciones, probablemente queden ya con sus acuerdos de conclusión y archivo este año, si es que la documentación que entregan es completa, está valorándose en estos momentos los que han presentando", sostuvo.

La auditora general evitó detallar cuántos casos han sido judicializados, señalando que es competencia exclusiva de la Fiscalía ejercer la acción penal.

La mayoría de las denuncias están relacionadas con presuntas irregularidades en obras públicas, lo que refleja un foco significativo de atención en la supervisión y uso del gasto público.

"Normalmente es por obras donde se detecta el mayor número de incidencias", afirmó.

Este martes 11 de noviembre el ORFIS encabezó una capacitación dirigida a los nuevos servidores públicos y alcaldes entrantes sobre el proceso de entrega-recepción en el World Trade Center de Boca del Río, en la que se les brindó información para que puedan garantizar una gestión transparente y ajustada a la ley desde el primer día.