El Hospital General Córdoba-Yanga amaneció este miércoles en paro total, después de que médicos, enfermeras y personal administrativo tomaran las oficinas de dirección y administración. La protesta respaldada por el Sindicato Estatal de Trabajadores de los Servicios de Salud de Veracruz exige la renuncia inmediata del director Roberto Carlos García y del administrador César Rubén Vázquez Portilla, a quienes responsabilizan del colapso del nosocomio.
El conflicto surge tras meses de irregularidades y malas condiciones laborales. Los trabajadores denuncian revisiones obligatorias de mochilas, bolsas y cajuelas de vehículos, medidas que califican de humillantes y que los hacen sentir como delincuentes. Además, acusan a los directivos de corrupción y desvío de recursos, incluyendo cobros ilegales a pacientes, venta irregular de insumos y nepotismo en puestos clave.
El personal también señala la fabricación de despidos injustos, con actas administrativas falsas y notificaciones nunca entregadas. En un caso documentado, una trabajadora enfrentó 17 actas por faltas inexistentes. A esto se suma el deterioro de las instalaciones: quirófanos y baños en condiciones deplorables, acumulación de basura y desechos biológicos, y la suspensión de cirugías debido a que la empresa de limpieza subrogada LEIH no pagó a su personal por dos quincenas.
La crisis afecta directamente a los pacientes, principalmente a quienes dependen del hospital como única opción de atención. Familiares denunciaron la falta de higiene y garantías mínimas de seguridad en los servicios. Mientras tanto, IMSS Bienestar, responsable de designar al administrador actual, no ha emitido respuesta oficial ante la situación.
Entre las demandas del personal se encuentran la renuncia de los directivos, auditoría integral de recursos, fin de abusos y revisiones humillantes, así como la reinstalación de trabajadores despedidos injustamente. El paro evidencia la profunda crisis del sistema de salud en Veracruz, donde casos similares de corrupción y negligencia se han registrado en otros hospitales públicos.
La resolución del conflicto dependerá de la intervención inmediata de la Secretaría de Salud estatal y de que se atiendan las demandas del personal, priorizando la vida y la salud de los pacientes sobre la burocracia y la corrupción.