A casi diez años de la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González, ocurrida en 2015 durante el operativo "Blindaje Coatzacoalcos", un juez federal dictó sentencia condenatoria contra cinco elementos de la Secretaría de Marina.
Los marinos, identificados como Feliciano "N", Anáhuac "N", Héctor Emanuel "N", Miguel Ángel "N" y Pedro Iván "N", fueron hallados culpables del delito de desaparición forzada de persona y condenados a 40 años de prisión por un tribunal federal con sede en Veracruz.
El caso se remonta al 25 de septiembre de 2015, cuando Jacob fue detenido en un retén de fuerzas federales mientras circulaba con tres personas más en el sur de la ciudad. Desde entonces, permanece desaparecido. Su caso fue documentado como parte de las violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo implementado por el gobierno estatal en coordinación con fuerzas armadas y de seguridad.
Organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) designaron la resolución como un precedente importante en la región sur de Veracruz, al ser una de las primeras sentencias firmes contra personal castrense por desaparición forzada.
La sentencia incluye además medidas de reparación integral para la familia de la víctima. Entre ellas, la búsqueda activa y efectiva de Jacob Vicente, atención psicológica especializada a sus familiares, y una indemnización por daño material e inmaterial. También se ordenó a las autoridades involucradas, como la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, como medida de no repetición.
Durante el proceso, la madre de Jacob, Belén González, destacó la importancia de que se haga justicia, aunque subrayó que el paradero de su hijo sigue sin conocerse.
"Ya casi vamos a cumplir 10 años y ha sido un proceso largo y un duro caminar, pero hemos llegado a eso, que ellos están por el artículo 27 y le dieron la pena más aja de 40 años.", expresó.
El operativo "Blindaje Coatzacoalcos", implementado entre 2014 y 2015 bajo el mandato del exgobernador Javier Duarte, ha sido señalado por familiares de desaparecidos como uno de los periodos más críticos en materia de derechos humanos en el sur de Veracruz, con al menos 30 desapariciones documentadas en ese contexto.