El rezago judicial en México exige transformaciones urgentes, afirmó Luis Enrique Burgos Flores, candidato a Magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con sede en Boca del Río.
Burgos Flores destacó que el sistema judicial actual es lento, tecnificado y de difícil acceso para personas de bajos recursos, por lo que se requieren reformas concretas que mejoren su eficiencia y acerquen la justicia a la ciudadanía.
Uno de los principales problemas, explicó, es la prolongación innecesaria de los juicios debido a tecnicismos y formalismos, especialmente en el juicio de amparo.
"Hoy en día, los jueces suelen conceder amparos por vicios formales, sin resolver el fondo del asunto, lo que provoca que el caso regrese al juez inferior y se alargue por meses o años", señaló.
Por ello, propuso reformar la Ley de Amparo para que los jueces estén obligados a resolver el fondo del conflicto desde el inicio, eliminando los llamados "amparos para efectos", que sólo anulan sentencias sin resolver realmente el problema jurídico.
"Esto permitiría que los juicios no regresen en círculos y se dicten resoluciones más útiles y definitivas", añadió.
Otra iniciativa importante es que todas las sentencias judiciales sean redactadas en lenguaje claro y comprensible para cualquier persona, no solo para menores o personas con discapacidad, como ocurre actualmente.
"Una sentencia clara no solo informa, también difunde derechos y reduce la necesidad de asesoría externa", afirmó.
Burgos Flores también destacó la necesidad de implementar mecanismos que prevengan la judicialización innecesaria, exigiendo a las instituciones públicas resolver casos sencillos sin que las personas tengan que acudir a tribunales. Según sus estimaciones, esta medida podría reducir hasta en un 40% la carga actual de trabajo en los juzgados.
El candidato subrayó que el problema no es falta de voluntad, sino el exceso de trabajo que enfrentan los juzgados, agravado por un déficit de jueces en el país. Datos recientes indican que México cuenta con apenas 4.4 jueces por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del estándar internacional de 65, lo que contribuye al rezago y la lentitud en la impartición de justicia.
