Tarjeta SIM: ¿Identidad controlada?

En febrero de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa para reactivar un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, con el objetivo de combatir delitos como la extorsión y el secuestro. 

Esta propuesta, enviada al Congreso, requeriría que los usuarios registren sus líneas móviles utilizando su Clave Única de Registro de Población (CURP) o una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo datos biométricos como huellas dactilares y rasgos faciales.

Las empresas de telecomunicaciones, serían responsables de recolectar y validar esta información

Sin embargo esta propuesta ha generado debate debido a preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos personales. 

Tal es el caso del año 2022 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una medida similar, argumentando que afectaba los derechos a la privacidad y no resultaba razonable para la persecución de delitos de extorsión mediante teléfonos celulares.

Si bien el aumento de delitos como la extorsión telefónica justifica medidas más estrictas de identificación, la exigencia de datos personales y biométricos también plantea serias preocupaciones sobre la privacidad, el uso indebido de la información y la capacidad del Estado para protegerla. 

El reto para el gobierno esta vez será encontrar un equilibrio efectivo entre prevenir el crimen y garantizar que los derechos constitucionales no se vean comprometidos en el camino.