La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que la principal línea de investigación sobre la explosión ocurrida la tarde del sábado en una tienda Waldo's de Hermosillo apunta a un posible accidente relacionado con un transformador interno del establecimiento.
El siniestro, registrado en la tienda ubicada sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, dejó un saldo de 23 personas fallecidas y 12 heridas, según confirmó el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez.
La explosión provocó un incendio de gran magnitud que consumió rápidamente el interior del comercio. Testigos relataron que varios clientes buscaron refugio dentro del local tras la detonación, quedando atrapados entre las llamas antes de poder evacuar.
Hasta la tarde del domingo, la Secretaría de Salud informó que seis personas permanecían hospitalizadas en distintas clínicas de Hermosillo, recibiendo atención médica especializada por quemaduras y lesiones derivadas del siniestro.
La FGJE precisó que de manera preliminar, el evento se considera accidental, y los peritos trabajan bajo la hipótesis de una falla eléctrica o explosión de un transformador interno como posible origen del incendio. Una vez que el Departamento de Bomberos concluya con las labores de enfriamiento y retiro de escombros, los investigadores ingresarán al inmueble para realizar un peritaje estructural que permita confirmar o descartar esta versión.

A raíz de la tragedia, las autoridades estatales ordenaron el cierre temporal de todas las tiendas Waldo's en Sonora. El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, explicó que la decisión se tomó tras detectar que la tienda siniestrada no contaba con un programa interno autorizado de Protección Civil desde 2021, documento indispensable para operar de manera legal y segura.
"En 2021, ya en esta administración, se concluyó en un sentido negativo el programa interno de Protección Civil. Cada uno de los trámites y permisos se encuentra en revisión y análisis, y es parte de la investigación de la fiscalía", detalló Salazar Razo durante una rueda de prensa.
El funcionario explicó que se instruyó al propietario de la empresa cerrar las 68 instalaciones en el estado para realizar una revisión exhaustiva del cumplimiento de normas de seguridad en coordinación con los gobiernos municipales.
Señaló que la empresa había obtenido su primer programa interno autorizado en 2019, revalidado en 2020, pero que en 2021 no cumplía con los requisitos, sin que se suspendiera la operación hasta el accidente.