Tribunal absuelve a excomandante acusado de torturar a periodista
El ex comandante Juan Sánchez Moreno fue absuelto tras la revocación de la condena de siete años de prisión que se le había impuesto por presunta tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro
Un tribunal colegiado determinó que no existen evidencias suficientes que demuestren su participación en dicho delito, por lo que ordenó emitir una sentencia absolutoria en su favor en un plazo máximo de 24 horas.
La decisión fue tomada por unanimidad por el tercer tribunal colegiado en materia penal con sede en Quintana Roo, que otorgó un amparo total a Sánchez Moreno.
Cabe destacar que este ex comandante formaba parte de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales de la Policía Judicial de Puebla.
Tras analizar las declaraciones y el dictamen psicológico realizado a la víctima, el tribunal concluyó que no se hallaron pruebas que vinculen directamente a Sánchez Moreno con la comisión del delito de tortura, ni que haya utilizado a terceros para llevarlo a cabo
En su resolución, el tribunal enfatizó que no existe ningún elemento que destruya el principio de presunción de inocencia ni que demuestre de manera clara y contundente que el ex comandante ordenó o facilitó la tortura contra la periodista.
Además, el tribunal señaló que los actos considerados como tortura fueron realizados directamente por otros individuos, y no hay evidencia que vincule a Sánchez Moreno con esas acciones a través de intermediarios. Por lo tanto, no se pudo acreditar que él haya participado en el delito, ni siquiera indirectamente.
Este fallo representa un giro importante en un caso que había generado gran atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y al perfil de la víctima, una reconocida periodista
¿Qué pasó con Lydia Cacho?
Lydia Cacho, periodista y activista mexicana, fue detenida arbitrariamente en 2005 en represalia por su libro que denunciaba una red de explotación infantil ligada a políticos y empresarios.
Durante un traslado de 20 horas, sufrió torturas físicas y psicológicas, amenazas, humillaciones y condiciones inhumanas, incluyendo la negación de medicinas necesarias. Su detención fue orquestada por el entonces gobernador de Puebla y uno de los implicados, Kamel Nacif, como una venganza por sus denuncias.
En 2018, la ONU reconoció que su arresto fue arbitrario y violatorio de sus derechos, y aunque el Estado mexicano se disculpó en 2019, la impunidad persiste, ya que los responsables no han sido castigados.
