Este lunes la administración Trump, a través del Departamento de Justicia, presentó una demanda en el tribunal federal del centro de Los Ángeles contra la ciudad de Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass y el Concejo Municipal.
La acusación se basa en que las políticas de "ciudad santuario" violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución, al impedir que las autoridades locales y contratistas compartan información con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y colaborar en detenciones de inmigrantes indocumentados.
Según el gobierno federal, estas políticas crean un entorno "anárquico" desde el 6 de junio, con disturbios, saqueos y vandalismo, obligando al despliegue de la Guardia Nacional y marines, acatan una ordenanza que "obstruye y discrimina contra el Gobierno Federal" en sus labores migratorias, el fiscal general Pam Bondi afirmó que las políticas santuario fueron la "causa principal del caos y los ataques a las fuerzas del orden" en la ciudad.
Contexto y antecedentes
El 6 de junio iniciaron redadas de ICE en el sur de California y ello generó masivas protestas en Los Ángeles, con confrontaciones que duraron aproximadamente una semana; se impuso toque de queda en el centro, suspendido el 18 de junio.
Tras las protestas, Trump desplegó hasta 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y marines, aunque solo una fracción permaneció en la ciudad; algunos fueron desviados a otras zonas como Riverside.
En noviembre de 2024, Los Ángeles adoptó oficialmente una política de ciudad santuario que prohíbe usar recursos municipales para redadas migratorias y limita la cooperación con autoridades federales.
Autoridades locales y estado rechazan la demanda: