Veracruz castigará con hasta 15 años de prisión cohabitación forzada de menores
Veracruz
Fecha: 23-10-2026
En Veracruz, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para tipificar la cohabitación forzada de personas menores de 18 años, una medida que busca sancionar a quienes promuevan o faciliten estas relaciones, incluso cuando la víctima manifieste estar de acuerdo.
La modificación fue avalada por unanimidad, con 48 votos a favor y contempla penas de ocho a 15 años de prisión, además de multas de mil a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El objetivo es sancionar a quienes obliguen, coaccionen, induzcan, soliciten, gestionen u oferten a niñas, niños y adolescentes para establecer una unión informal o consuetudinaria con el propósito de convivir de manera constante, en condiciones similares a las de un matrimonio.
La disposición también contempla los casos en los que la persona menor de edad manifieste su consentimiento, pues detrás de esa decisión pueden existir presiones sociales, dependencia económica, embarazos o condicionamientos familiares que limiten su libertad.
Para Marta Márquez, abogada especialista en violencia contra las mujeres y políticas para la igualdad, prohibir el matrimonio infantil no es suficiente si las uniones de hecho quedan fuera de la respuesta penal.
La especialista explicó que estas relaciones pueden presentarse sin una formalización legal y que, en algunos casos, niñas y adolescentes son inducidas a convivir con otra persona bajo circunstancias que vulneran sus derechos, advirtió que el consentimiento expresado por una menor debe analizarse considerando las circunstancias en las que se produce, pues puede estar condicionado por factores económicos, embarazos o presiones del entorno familiar y social.
"Muchas veces las ven, sobre todo las mujeres menores de edad, pues dicen que sí aceptan, pero realmente están condicionadas por cuestiones económicas, porque están embarazadas, porque desgraciadamente en muchas comunidades rurales todavía existen ciertos usos y costumbres que permiten incluso darlas a cambio de ciertas contribuciones", explicó.
La abogada señaló que estas prácticas suelen normalizarse en algunas comunidades rurales, donde las uniones tempranas se consideran parte de las costumbres. Sin embargo, sostuvo que las tradiciones no deben utilizarse para justificar situaciones que vulneren los derechos de niñas y adolescentes.
Durante el debate legislativo se expuso que más de 24 mil 800 personas de entre 12 y 17 años vivían casadas o en unión libre en Veracruz. La cifra fue citada como parte del contexto que motivó la discusión de la reforma; su año de referencia y fuente estadística original deben precisarse para dimensionar con exactitud el fenómeno.
La sanción no sustituye la prevención
Además de las uniones informales, los casos en los que una persona adulta establece una relación con una menor pueden involucrar otras conductas delictivas, dependiendo de las circunstancias y de los elementos que acrediten las autoridades. Por ello, Márquez subrayó la importancia de investigar cada situación con perspectiva de género y atención especializada.
La especialista consideró que la reforma representa una herramienta para sancionar estas conductas, pero advirtió que modificar el Código Penal no garantiza, por sí solo, que dejen de ocurrir.
"Creo que deberíamos de poner más atención en los programas especializados para niñas y adolescentes, para evitar que caigan en estas situaciones", señaló.
Márquez insistió en que la prevención debe ocupar un lugar central, mediante acciones que permitan detectar situaciones de riesgo, proteger a las posibles víctimas y evitar que factores económicos, familiares o comunitarios condicionen sus decisiones.
"Por mucho que esté sancionado este delito, muchas veces es imposible reparar los daños", advirtió.
La reforma incorpora una figura penal específica para combatir la cohabitación forzada en Veracruz. El desafío será que su aplicación se acompañe de mecanismos de prevención, atención y protección que permitan a niñas, niños y adolescentes continuar sus estudios, ejercer sus derechos y construir un proyecto de vida libre de violencia.
