Veracruz se mantiene entre los estados con mayor incidencia de violencia política en razón de género, informó la presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, al detallar que durante el reciente proceso electoral se reportaron nueve solicitudes de nulidad en elecciones municipales derivadas de agresiones contra mujeres candidatas.
De acuerdo con la magistrada, en varios casos sí se acreditaron actos de violencia, sin embargo, la nulidad no procedió debido a que la diferencia de votación entre el primer y segundo lugar superaba el cinco por ciento, requisito indispensable para establecer que la agresión fue determinante en el resultado de la elección.
Las diferencias detectadas fueron del 6%, 8% y hasta 9%, lo que impidió cumplir con los parámetros legales.
El único expediente que sí reunió ambos criterios jurídicos fue el del municipio de Jáltipan, donde el TEV declaró la anulación de la elección municipal tras confirmar la existencia de violencia política de género y una diferencia de votación dentro del margen permitido.
Díaz Tablada destacó que todos los asuntos fueron analizados con perspectiva de género, y subrayó que la mayoría de los episodios de violencia se registraron en el ámbito digital, a través de redes sociales y contenidos que buscaron desprestigiar o inhibir la participación de mujeres en campaña.
Entre los municipios con casos reportados mencionó Soconusco, Teocelo, Altotonga y Chocamán, aunque precisó que la lista contempla más localidades.
La magistrada advirtió que la violencia contra mujeres en política ha ido en aumento en cada proceso electoral, superando incluso lo registrado en la elección municipal anterior. Consideró que esta tendencia representa una amenaza directa a los derechos político-electorales de las mujeres, al limitar su participación en condiciones de igualdad.
Finalmente, señaló que Veracruz ocupa actualmente el segundo lugar a nivel nacional en número de incidentes de violencia política de género, únicamente por debajo de Oaxaca, lo que obliga a reforzar acciones preventivas y sancionatorias para frenar esta problemática.