La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por más de 3 mil 150 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023 del estado de Veracruz, correspondiente a la administración del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Estas anomalías abarcan algunas dependencias como Salud, Educación, Infraestructura y Desarrollo Social.
El organismo fiscalizador, señaló inconsistencias en adjudicaciones directas y licitaciones públicas por más de mil 195 millones de pesos, debido a la falta de estudios de mercado y cotizaciones que garanticen condiciones óptimas en las contrataciones. Especialistas señalan que estas acciones no son nuevas y que lamentablemente los procesos para resarcir el daño son muy largos, lo cual genera la impunidad, no solo en Veracruz sino en todo el país.
De acuerdo a la ASF se detectaron pagos a 150 trabajadores contratados por honorarios sin la documentación que acredite su asistencia y actividades
"422 municipios cargaron información de casi 25 mil contratos por más de 16 mil millones de pesos y aquí está ese patrón que decíamos, el 85 por ciento de esos contratos fueron por adjudicación directa, un número muy reducido por invitación restringida", destacó el auditor especial de la ASF Emilio Barriga Delgado.
El documento, señala que también se identificaron pagos sin comprobación documental por 180 millones 486 mil 100 pesos, involucrando a la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, el Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda) y SESVER. Estos pagos carecían de facturas y documentación probatoria, situación que afirma la gobernadora, Rocío Nahle, no se solapará a nadie..
La asf observó irregularidades por 167 millones 883 mil 500 pesos en el manejo del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas (fafef)
"Ya hizo la denuncia pertinente, tenemos que darle el seguimiento a esto, si hay daño patrimonial si es así pues se tiene que llamar a cuentas, el exsecretario de salud, sí,porque así lo marca la propia auditoría", expuso la gobernadora Rocío Nahle García.
Asimismo desde el Congreso del Estado, exhortan a que se aplique la ley a quienes sean responsables de los desfalcos del erario público.
"Si les dan un lapso de tiempo para justificar las observaciones, si están bien fundadas el desvío de más de 200 millones de pesos y si tienen el recurso para devolverlas pues adelante y si no lo tienen que se aplique la ley", comentó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz Esteban Bautista.
En Educación también se detectaron pagos indebidos por 11.3 millones de pesos, incluyendo remuneraciones a trabajadores fallecidos y omisiones en la documentación de egresos.
Además, el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) presentó un probable daño patrimonial de más de 3 millones de pesos por pagos a trabajadores que ya no laboraban en la institución y personal que no cumplía con los perfiles requeridos.
De acuerdo a la ley, los funcionarios tienen un plazo de 180 días para subsanar las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador federal, en donde en ese periodo, los entes deberán aclarar las irregularidades detectadas y presentar la información correspondiente.