Armonización de la Ley contra la extorsión

Tras el incremento exponencial del delito de la extorsión, el gobierno federal se vio obligado a modificar las sanciones contra quienes cometen este ilícito.

En el caso del Congreso del Estado de Veracruz, se aprobó recientemente la armonización legislativa que considera la extorsión como un ilícito grave. Esta reforma se presenta ante la necesidad de fortalecer el marco legal local para combatir este crimen de alto impacto, y se alinea con la estrategia nacional para homologar el tipo penal y sus sanciones en todo el país.

"Yo espero que la gobernadora y su equipo de trabajo hagan un esfuerzo para dotar de mayores recursos a esas áreas. pues a fin de que puedan abatir esos

delitos, ¿no?", expresó Arturo Blanco Henández, presidente de Coparmex.

La extorsión ha sido elevada a la categoría de delito grave en el Código Penal de la entidad veracruzana, esto implica que los responsables enfrentarían penas más severas y limitaría los beneficios procesales.

El cobro de piso, llamadas telefónicas, secuestros exprés o virtuales, estafas digitales, son las principales modalidades que los delincuentes usan para cometer este delito a sus víctimas.

Esta disposición de tipo penal, también impulsa a que se persiga de oficio, lo que significa que las autoridades tienen la obligación de investigar y perseguir el delito tan pronto como tengan conocimiento de él, sin necesidad de una denuncia formal de la víctima en todos los casos, situación que los abogados consideran será un reto difícil.

"El cobro de derecho de piso, limita el control y la distribución de los precios, por eso es tan peligroso, pone en riesgo la vida y la integridad de las víctimas, pero también modifica las reglas del mercado y hace menos competitivo para las personas tener una actividad comercial", indicó Francisco Rivas, abogado.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en Veracruz la extorsión creció en un 60.7 por ciento durante el primer semestre de 2025.

Esta práctica delictiva no solo afecta el patrimonio de las personas, sino que también genera miedo, inhibe la confianza comunitaria y limita el desarrollo económico.

La armonización legislativa dota de herramientas jurídicas más contundentes para enfrentar este fenómeno delincuencial, en donde, se espera que estas acciones se complementen con el uso de inteligencia, tecnología y canales seguros y eficaces de denuncia.