Avanza proceso de desafuero contra ediles de Movimiento Ciudadano
Xalapa
Fecha: 23-07-2026
Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Veracruz aprobaron este miércoles la continuidad de los procedimientos de declaración de procedencia, conocidos como desafuero, contra los presidentes municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez, respectivamente, ambos emanados de Movimiento Ciudadano.
Los expedientes fueron turnados a la Comisión Permanente Instructora, que deberá analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), recibir las defensas de los alcaldes y determinar si existen elementos para solicitar al Pleno del Congreso el retiro de la inmunidad procesal.
La decisión adoptada por las comisiones legislativas no representa una resolución sobre la culpabilidad o inocencia de los funcionarios, sino que permite que el procedimiento legislativo continúe conforme a la ley.
En caso de que la Comisión Instructora considere que existen elementos suficientes, presentará un dictamen al Pleno, donde los diputados deberán votar si retiran el fuero constitucional a ambos alcaldes para que puedan enfrentar los procesos penales correspondientes.
EL EMPRESARIO MINERO
En el caso del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, la Fiscalía lo investiga por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo en Barra de Chachalacas.
De acuerdo con el expediente enviado al Congreso, el empresario acudió al domicilio del edil luego de que éste lo citó para presentarle a una persona identificada por la investigación como presunto jefe de plaza. Antes del encuentro, Ramos Sánchez informó a su pareja sobre el motivo de la reunión.
Las indagatorias señalan que cámaras de videovigilancia registraron el ingreso de la camioneta en la que viajaban las víctimas al domicilio del alcalde, aunque no captaron su salida. Asimismo, la Fiscalía incorporó registros de telefonía que ubican los teléfonos celulares del empresario, su escolta y del presidente municipal en la misma zona durante aproximadamente tres horas.
Como parte de los elementos de prueba, un familiar del empresario declaró que días después de la desaparición, el propio alcalde le solicitó la factura de la camioneta en la que se trasladaban las víctimas. Con base en esos indicios, la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas promovió la solicitud de desafuero.
INVOLUCRADO CON CASO ROXANA
El segundo procedimiento corresponde al presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, investigado dentro del expediente por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán.
Según la documentación remitida al Poder Legislativo, un testigo declaró haber escuchado al edil comunicarse con un presunto líder criminal de la región para solicitar la privación de la libertad de la comunicadora, presuntamente porque ella poseía una fotografía donde el alcalde aparecía portando un arma larga.
La Comisión Permanente Instructora deberá valorar ese testimonio junto con el resto de las pruebas integradas por la Fiscalía, así como los argumentos y evidencias que presente la defensa del presidente municipal antes de emitir una determinación.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Naomi Edith Gómez Santos, informó que ambos alcaldes ya fueron notificados formalmente del inicio de los procedimientos y disponen de un plazo de siete días para responder a los señalamientos, ya sea mediante un escrito o compareciendo ante la Comisión Instructora.
"Ya se les notificó y ahora tienen siete días para responder a lo que a derecho corresponda", señaló la legisladora.
Una vez concluida la etapa de recepción de pruebas y alegatos, la Comisión Instructora elaborará los dictámenes respectivos. Si considera que existen elementos suficientes, solicitará al Pleno del Congreso el retiro del fuero de los alcaldes. Esa determinación requerirá el voto de la mayoría calificada de los diputados y únicamente permitiría que ambos funcionarios puedan quedar a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales para enfrentar las investigaciones en su contra.
