Caso Roxana: investigan a alcalde por probable participación

Un testimonio incorporado a la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) señala al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, como presunto participante en el secuestro y feminicidio de la periodista Roxana Guzmán, caso por el que la dependencia ya solicitó al Congreso de Veracruz el retiro de su fuero constitucional.

De acuerdo con el expediente remitido al Poder Legislativo, un testigo declaró haber escuchado al presidente municipal, emanado de Movimiento Ciudadano, sostener una conversación con un presunto líder criminal que opera en la región.

Según esa declaración, el edil habría solicitado que privaran de la libertad a la comunicadora debido a que, presuntamente, ella poseía una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga.

Ese testimonio constituye uno de los principales elementos que la Fiscalía presentó para solicitar la declaración de procedencia, mecanismo mediante el cual busca retirar la inmunidad procesal del alcalde para poder ejercer acción penal en su contra.

El expediente ya fue turnado a la Comisión Instructora del Congreso del Estado, instancia encargada de analizar las pruebas, recibir los argumentos de la defensa y elaborar un dictamen que posteriormente será sometido a votación del Pleno.

También investigan a otro alcalde

De manera paralela, la Fiscalía presentó una segunda solicitud de desafuero contra el presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también postulado por Movimiento Ciudadano. Hasta el momento, el Congreso no ha dado a conocer los hechos ni los delitos que motivan ese procedimiento.

Ambos alcaldes ya fueron notificados y disponen de un plazo de siete días para responder a los señalamientos, ya sea mediante un escrito o compareciendo ante la Comisión Instructora.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que el plazo para presentar la respuesta concluirá el próximo martes, aunque evitó revelar públicamente la identidad de los funcionarios involucrados.

Concluido ese periodo, la Comisión Instructora citará a audiencia para recibir las pruebas tanto de la Fiscalía como de las defensas, antes de emitir un dictamen en cada uno de los casos.

En caso de que el Pleno apruebe alguno de los dictámenes, el funcionario perderá el fuero constitucional y la Fiscalía podrá continuar el proceso penal correspondiente ante un juez.

Cabe recordar que la declaración de procedencia no implica una sentencia ni acredita responsabilidad penal, sino únicamente elimina la protección constitucional para que las autoridades ministeriales puedan judicializar el caso.