¿Cómo funcionará la nueva Ley contra la Extorsión en México?

El Senado de México aprobó este miércoles, por unanimidad y con 110 votos a favor, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Esta nueva legislación establece penas de hasta 42 años de prisión para quienes cometan este delito, considerado uno de los que más afectan a la población y al sector productivo. El dictamen ahora será enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.

De acuerdo con la reforma aprobada, la extorsión se perseguirá de oficio y se define como la acción de obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con el fin de obtener un beneficio o causar un daño patrimonial, moral, físico o psicológico. La pena base será de 15 a 25 años de prisión, además de una multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Durante la discusión, legisladores destacaron la urgencia de atender este delito debido a su crecimiento en México. Carolina Viggiano, senadora del PRI, señaló que el aumento de la extorsión se debe, en parte, a la complicidad de gobiernos anteriores con grupos criminales. Recordó que la estrategia de "abrazos, no balazos" del gobierno pasado permitió que muchos delincuentes operaran con impunidad.

La senadora explicó que, tras cambios en el mercado del narcotráfico, los grupos criminales abandonaron actividades como el cultivo y trasiego de heroína para enfocarse en delitos como la extorsión, el secuestro y el robo. Aseguró que estos delitos se volvieron una fuente de financiamiento para organizaciones delictivas que afectan tanto a grandes empresarios como a pequeños comerciantes.

Viggiano añadió que estos cambios no fueron previstos por las autoridades en su momento, lo que provocó que el delito creciera de manera acelerada, impactando a comunidades enteras y dejando a miles de personas sin protección frente a amenazas y cobros ilegales.

Por su parte, la senadora panista Guadalupe Murguía reconoció que la aprobación de la ley es un avance significativo, pero advirtió que su impacto dependerá de su correcta aplicación. Subrayó que la impunidad en México alcanza el 97% de los casos, lo que dificulta que las víctimas denuncien y que los responsables sean llevados ante la justicia.

Murguía destacó la importancia de fortalecer a las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos, así como de mejorar los mecanismos de atención a víctimas. Señaló que sin un combate real a la impunidad, incluso las leyes más estrictas pueden quedar sin resultados efectivos.

Con esta reforma, el Senado busca enviar un mensaje de mayor firmeza contra la extorsión, un delito que afecta a miles de familias y comercios en todo el país. El próximo paso será su análisis en la Cámara de Diputados, donde se espera una discusión centrada en mejorar las capacidades del Estado para frenar la violencia y proteger a la ciudadanía.