Luego de permanecer más de un mes hospitalizado por complicaciones posteriores a una cirugía, Miguel Ángel Perdomo Fernández, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), obtuvo una suspensión judicial mediante un juicio de amparo indirecto, con la finalidad de garantizar que reciba atención médica integral, oportuna, continua y especializada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 14, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines", ubicada en el puerto de Veracruz.
La medida fue concedida por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, dentro del expediente 1354/2026-I, después de que el paciente recurriera a la justicia federal ante las complicaciones de su estado de salud y los señalamientos sobre presuntas deficiencias en la coordinación de los servicios médicos.
El derechohabiente ingresó a la UMAE número 14 el pasado 19 de septiembre, tras ser intervenido quirúrgicamente por una apendicitis perforada en un hospital de Ciudad Cardel.
Durante su estancia presentó complicaciones infecciosas, alteraciones hematológicas y problemas relacionados con la herida quirúrgica, hasta sufrir una evisceración abdominal que requirió una segunda intervención el 13 de octubre.
Actualmente continúa hospitalizado y necesita seguimiento de distintas especialidades para atender su condición clínica.
Familia denuncia falta de coordinación y posibles carencias hospitalarias
Durante una diligencia realizada por personal del Poder Judicial de la Federación, el paciente reconoció que ha recibido atención médica, pero manifestó que los especialistas involucrados no han logrado ponerse de acuerdo sobre el tratamiento que debe seguir.
También señaló que presenta tos persistente, situación que, desde su percepción, contribuye a que su herida abdominal se abra y desgarre.
Por su parte, familiares denunciaron que no se les ha comunicado un plan terapéutico multidisciplinario suficientemente claro, pese a la complejidad del caso.
Indicaron que desde la semana anterior solicitaron una reunión entre los diferentes servicios médicos para establecer conjuntamente las acciones necesarias, sin que hasta la mañana del lunes 26 de octubre se hubiera confirmado su realización.
A estos señalamientos se suman posibles problemas estructurales dentro del hospital, entre ellos vacantes en jefaturas médicas, dificultades para cubrir determinados turnos y fallas en equipos diagnósticos.
De acuerdo con los familiares, uno de los tomógrafos habría presentado problemas de funcionamiento, lo que presuntamente obligó a trasladar pacientes a otras instituciones para realizar estudios.
Sin embargo, estas situaciones requieren verificación y hasta el momento no está acreditado que hayan provocado retrasos específicos en la atención del derechohabiente.
Los señalamientos ocurren en un contexto de inconformidad entre trabajadores activos y jubilados del IMSS, quienes durante octubre se manifestaron en el puerto de Veracruz para denunciar insuficiencia de insumos, infraestructura y especialistas.
La situación también plantea cuestionamientos sobre las condiciones laborales de médicos y enfermeras, quienes requieren personal suficiente, equipamiento funcional y mecanismos de coordinación para brindar atención adecuada.
En este contexto, las posibles deficiencias institucionales deben investigarse sin atribuir automáticamente responsabilidades individuales al personal sanitario.
La suspensión judicial busca garantizar que Miguel Ángel Perdomo Fernández reciba los estudios, valoraciones, procedimientos y tratamientos médicamente necesarios para proteger su vida, preservar sus funciones orgánicas y favorecer su recuperación.
Aunque el juez federal concedió una medida urgente de protección, esto no representa una sentencia definitiva ni acredita negligencia médica.
El proceso judicial continúa y mantiene bajo revisión las obligaciones institucionales para garantizar que la atención del paciente no se interrumpa mientras resulte necesaria.
El caso vuelve a colocar en la discusión pública la necesidad de que el IMSS garantice no solamente atención médica, sino también los recursos humanos, materiales y organizativos indispensables para ofrecer servicios hospitalarios seguros y continuos.
