La bancada demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos intensificó su llamado a la sociedad para documentar y denunciar los abusos cometidos durante los procedimientos migratorios bajo la administración de Donald Trump, advirtiendo que la falta de cumplimiento de la ley por parte del gobierno exige una vigilancia pública constante
Norma Torres, legisladora por California y originaria de Guatemala, instó a los grupos de derechos civiles y a las comunidades a registrar y exponer cada caso de abuso por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), enfatizando que si el Ejecutivo no respeta la legalidad, la ciudadanía debe asegurarse de que estos hechos sean visibles para todos.
Durante una conferencia de prensa junto a integrantes del Caucus Hispano del Congreso, Torres denunció que el gobierno estadounidense ha llegado a deportar a ciudadanos estadounidenses por el simple hecho de ser latinos.
El foco de las críticas se centró en la reciente expulsión de tres menores estadounidenses, de dos, cuatro y siete años, junto a sus madres indocumentadas, uno de los cuales se encontraba bajo tratamiento médico contra el cáncer.
Según la administración, las madres fueron expulsadas y optaron por llevarse a sus hijos, pero los legisladores cuestionaron la legalidad y transparencia del procedimiento
Adriano Espaillat, representante por Nueva York y presidente del Caucus Hispano, subrayó que estas acciones se llevaron a cabo fuera del ámbito judicial estadounidense y sin la supervisión de un juez, vulnerando las garantías procesales que deberían proteger a cualquier ciudadano.
Espaillat puntualizó ante la agencia EFE que ni los jueces ni los tribunales han recibido explicaciones sobre las razones por las cuales estos niños se encuentran ahora en Honduras, calificando la situación como una violación al Estado de derecho.
El representante por Nueva York, quien ha impulsado iniciativas legislativas para proteger los derechos de las familias inmigrantes y prohibir operativos migratorios en lugares sensibles como escuelas y hospitales, reiteró el compromiso del caucus de continuar denunciando la deportación de ciudadanos estadounidenses y la trasgresión de garantías procesales de residentes en el país.
Joaquín Castro, también legislador demócrata, resaltó la importancia de la participación ciudadana frente a lo que describió como una deriva hacia el autoritarismo y la deshumanización de las políticas migratorias. Castro advirtió que el avance de estas políticas depende de que la sociedad guarde silencio y no muestre valor para enfrentarlas
Por su parte, Juan Vargas, congresista demócrata, apeló a la acción de las iglesias y de los empleados federales que se ven obligados a cumplir directrices que, a su juicio, contravienen la ley. Vargas llamó a estos sectores a no ser cómplices y a denunciar cualquier irregularidad que presencien.
Estos pronunciamientos se producen en un momento en que organizaciones como la American Civil Liberties Union y el National Immigration Project han calificado como "un abuso de poder cada vez más común" la deportación de menores ciudadanos estadounidenses y la separación de familias, cuestionando la rapidez y la falta de garantías en los procedimientos migratorios recientes