Este lunes, países miembros de la Unión Europea acordaron endurecer las normas migratorias con "centros de retornos" fuera del bloque para los solicitantes de asilo rechazados.
Aprobaron dos propuestas legislativas relativas a los terceros "países seguros", dirigidas a acelerar los retornos de los migrantes que no tienen posibilidades de ver admitida su solicitud de asilo en territorio comunitario.
Además de la apertura de centros fuera de las fronteras de la UE donde se enviaría a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, el paquete contempla sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo.
Durante una reunión en Bruselas, los ministros de Interior de los 27 Estados miembros aceptaron las medidas presentadas por el brazo ejecutivo del bloque, la Comisión Europea, en un contexto de auge de los partidos que reclaman reducir la migración.
El paquete tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor
Los Estados de la UE llegaron a un acuerdo sobre dos propuestas legislativas relativas a los "países seguros", dirigidas a acelerar los retornos de los migrantes que no tienen posibilidades de ver admitida su solicitud de asilo en territorio comunitario.
"Estas nuevas leyes de migración de la UE tienen como objetivo establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficaces para quienes no deberían recibir protección dentro de la UE", dijo el Consejo (países de la UE) tras la votación.

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, indicó que estas medidas "ayudarán a procesar las solicitudes de forma más efectiva y reducirán presión sobre los sistemas de asilo".
España votó en contra de la normativa sobre el concepto de tercer país seguro, al igual que Francia y Portugal.
Francia también apoyó a España en el rechazo a que no haya una obligación de notificar a otros Estados miembros sobre los acuerdos que se concluyan con terceros países a efectos de llevar a cabo retornos y pidió que no haya una financiación europea de los acuerdos bilaterales con terceros países en ese ámbito.
Mientras que Alemania apoyó la propuesta porque "da un marco mucho más pragmático que respeta nuestras obligaciones internacionales".