Envía Gobernadora de Veracruz iniciativa de seguridad para Mando Único

La gobernadora de Veracruz Rocío Nahle García envió al Congreso del estado una iniciativa que plantea reordenar el modelo de seguridad pública en el estado mediante la implementación del Mando Único.

De acuerdo a la propuesta emitida al Poder Legislativo, el Mando Único se aplicaría cuando un municipio no cuente con policía, cuando así lo determine el Consejo Nacional o Estatal de Seguridad Pública, o cuando lo solicite el propio Ayuntamiento.

El objetivo ?establece el Artículo 20? es garantizar la continuidad del servicio de seguridad pública, mejorar la transparencia en el uso de recursos federales y estatales, y uniformar los instrumentos de supervisión y evaluación operativa, administrativa y financiera.

El documento también contempla un modelo de mando coordinado, en el cual las labores operativas se concentran en una institución estatal, mientras que las funciones administrativas permanecen bajo responsabilidad municipal.

Este esquema sólo podrá instrumentarse mediante convenios entre el Estado y los municipios, que deberán definir de forma precisa condiciones, funciones y alcances.

Asimismo, la iniciativa propone mecanismos de colaboración entre dos o más entidades federativas o entre dos o más municipios, cuando así se requiera para tareas de seguridad pública. Para ello, se contempla la creación de instancias de coordinación que deberán designar un enlace con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y con su equivalente nacional, reportando instalación, objetivos y resultados.

El Artículo 24 establece que el Estado y los municipios integrarán las bases de datos del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta información deberá ser actualizada y operada a través de las instituciones de seguridad, conforme a los lineamientos metodológicos y procedimientos que establezca el Sistema Nacional.

También se propone, que el Estado y los municipios deberán organizarse para: integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública; vincularse con el Sistema Nacional; aplicar procedimientos de desarrollo policial y profesionalización; ejecutar programas de prevención, capacitación y certificación; y operar mecanismos de control de confianza, entre otras obligaciones