Feminicidios infantiles en la impunidad

El feminicidio de niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) es considerado una de las violencias de género más graves en México. Este delito es un indicador de la falta de protección y seguridad que enfrentan las menores en el país, en su mayoría a manos de personas cercanas a ellas.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 718 casos en el país, de los cuales 79 fueron menores de edad, mientras que en 2025 se han contabilizado 433 feminicidios entre ellos 45 niñas y adolescentes.

"La violencia familiar se caracteriza por ser cíclica y por escalar hacia conductas cada vez más graves que en algunos casos pueden concebirse como violencia feminicida e incluso concluir con la muerte de las mujeres", expuso la  ex senadora Ernestina Godoy.

Hasta el mes de septiembre de este año el estado de Veracruz ocupa la cuarta posición de las 32 entidades federativas con mayor número de asesinatos de mujeres y niñas catalogados como feminicidios.

Veracruz es una de las entidades con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo que reconoce la gravedad de la violencia feminicida en el estado.

"Son datos que nos tendrían que estar preocupando y tendríamos que estar ocupando todos los medios que tenemos a nuestro alcance, no solamente para denunciarlo, sino también para poder mejorar desde hace mucho tiempo. Te comento a nivel nacional 2.1 niñas, niños y adolescentes mueren diariamente producto de la violencia", señaló Jesús Villalobos, integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Un caso es el de Rosita una menor de 15 años hallada sin vida en una vivienda abandonada en el municipio de Misantla el pasado 15 de octubre, en donde hasta el momento el responsable no ha sido detenido.

Estudios de organizaciones indican que en el feminicidio infantil, el agresor suele ser un hombre del entorno familiar o conocido (padres, padrastros, familiares cercanos), lo que revela la necesidad de reforzar los sistemas de protección familiar e interinstitucional.

"Lo primero que se tiene que hacer es reconocer esto como un problema. O sea, lo que hemos nosotros detectado en el Estado mexicano es que parecería que se se quiere invisibilizar estos datos y en el momento en el que los invisibilizados, pues también los niegas y entonces ya no te permite generar políticas públicas que haga que estos datos mejoren".

No obstante, el Estado Mexicano cuenta con el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, el cual busca garantizar la actuación oportuna y coordinada entre instituciones desde que se detecta un caso de violencia; sin embargo no ha sido suficiente.