Fiscalía de Veracruz, bajo la lupa

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) enfrenta una situación de deficiencia total, en dónde la atención a delitos y víctimas no es la que esperan los ciudadanos, continúan las irregularidades en áreas clave como la identificación forense y la opacidad en la procuración de justicia e incluso la corrupción de jueces y ministerios públicos.

"En estos momentos necesitamos una fiscal que trabaje el tema de investigación, que trabaje con la prevención del delito, que haga todo el trabajo de las identificaciones, que lo impulse", expresó la integrante del Colectivo Solecito Lucy Díaz.

Durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, el órgano procurador de justicia recibió en 2018 un presupuesto de mil 554 millones de pesos, que aumentó a 2 mil 045 millones en 2019. Sin embargo, con la llegada de Cuitláhuac García Jiménez al gobierno estatal, se registraron reducciones:

A pesar de los recursos asignados, la FGE enfrenta una profunda crisis forense, entre 2010 y 2018, se presupuestaron 30 millones de dólares para Servicios Periciales, pero solo se tiene evidencia de una inversión del 20% en equipo tecnológico.

"Los gobiernos estatales, lo que hacen es incurrir en una estrategia de maquillaje de cifras de alterar la información para generar métricas de éxito, evidentemente, y que por cierto no gozan de ninguna credibilidad de los secretarios de escritura pública, gobernadores, normalmente incurren en esta estrategia", mencionó el especialista en seguridad David Saucedo.

Colectivos de desaparecidos estiman que existen más de 2 mil cuerpos y 30 mil restos sin identificar en el estado, dispersos en institutos forenses o fosas comunes sin los protocolos adecuados. La falta de una base de datos genética y el desorden en los registros de inhumaciones agravan la situación.

En 2023, la Visitaduría General de la Fiscalía realizó 354 visitas de inspección, revisando 17 mil 079 carpetas de investigación. Se iniciaron 419 expedientes de investigación administrativa contra personal interno, en donde fueron sancionados diversos servidores públicos.

En 2024 se resolvieron 9 mil 625 acuerdos reparatorios, recuperando más de mil millones de pesos para las víctimas

Sin embargo, la fiscalía no ha proporcionado datos específicos sobre el número total de carpetas de investigación abiertas en 2024 y 2025, lo que limita evaluar su eficiencia en la procuración de justicia. Aunque organizaciones civiles la han calificado como una de las peores del país.

"Ocupa el tercer lugar de las peores fiscalías del país, abajo de la de Veracruz está Puebla y más abajo Morelos, dentro de las peores fiscalías del país, y yo creo que el tema central ha sido porque no es penalista, no conoce", señaló el abogado penalista Tomás Mundo.

No obstante, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha señalado la falta de voluntad política para reconocer las recomendaciones emitidas, que entre 2023 a 2025 han sido 130, de las cuales ninguna ha sido aceptada.