A tan solo unos meses de finalizar la sentencia de 9 años de prisión impuesta al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, los abogados de este solicitarán que su cliente obtenga la libertad anticipada del Reclusorio Norte.
Esto gracias a que se trata de una persona que cometió un delito por primera vez, además de no haber sido enjuiciado por un delito grave y tener cumplidas dos terceras partes de su condena, lo que le permitiría acceder a tal beneficio a pesar de que aún le restan 160 días.
Cabe recordar que el mandatario fue sentenciado en 2018 por el desvío de 1,670 millones de pesos de recursos públicos de Veracruz, así como por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Duarte de Ochoa fue capturado en Guatemala el 16 de abril del año 2017, y aunque en el 2023, sus defensores mencionaban la intención de acceder a tal opción para quedar en libertad, el ex mandatario fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.
En mayo de 2014 una investigación periodística y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reveló que durante la gestión de Javier Duarte se habría conformado una red de empresas fantasma, a las cuales se les facilitaban licitaciones públicas o se les asignaban directamente contratos, principalmente relacionados con política social, como el combate a la pobreza.
Dichas empresas fueron creadas en condiciones irregulares, inmediatamente después del inicio del gobierno del ex priísta, tenían domicilios en sitios abandonados o bien, desaparecieron luego de recibir los contratos, además de coincidir en que algunas de ellas tenían socios en común.
A consecuencia del reportaje, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México inició una investigación hacia dichas empresas. Para octubre de 2016 la lista determinada por el fisco mexicano era de 69 empresas que no demostraron su existencia y que presuntamente hicieron operaciones simuladas.