Al cumplirse cuatro meses sin ver a su hijo menor, Wendy Belen Barrón Martínez denunció actos de violencia vicaria y señaló omisiones del Poder Judicial de Veracruz para convocar a audiencia y garantizar su derecho de convivencia. Afirmó que el padre del niño ha realizado acciones para impedir el contacto entre ambos y pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la judicialización de la carpeta de investigación.
Explicó que hasta el 21 de julio el menor permanecía con ella, pero durante el periodo vacacional fue promovido un depósito de menores en el que se le atribuyó violencia física y psicológica, lo que derivó en que el niño ya no regresara con su madre el 3 de agosto. Relató que incluso fue inscrito en otra escuela sin su conocimiento.
Dijo que ha logrado breves encuentros con su hijo en CECOFAM, donde lo ha abrazado de manera circunstancial, pero sin que existan convivencias formales. Agregó que el menor acude acompañado de personal de seguridad y que el padre llegó a cubrirle el rostro con una sábana para impedirle verlo, además de presuntamente utilizar influencias dentro del Poder Judicial.
La joven solicitó que la Fiscalía actúe conforme a la ley, al señalar que desconoce si hay influencias o irregularidades de por medio, pero insistió en que sólo pide recuperar el contacto con su hijo.
El abogado de Barrón Martínez, Héctor Rafael Martínez Ortiz, señaló que uno de los actos de violencia vicaria fue decirle al menor que su madre había matado a una mascota, lo cual fue desmentido por Wendy. Añadió que el depósito de menores fue promovido durante el periodo vacacional pese a que ya existía un asunto en trámite en otro juzgado, lo que contraviene la normatividad aplicable.
Indicó que un juez local resolvió que el menor debía regresar con su madre, pero un amparo en trámite ha impedido ejecutar la orden. Expuso que existen ocho convivencias autorizadas por la autoridad jurisdiccional que no se han podido concretar por negativa del padre.
La denunciante reiteró que no existe orden alguna que le prohíba acercarse a su hijo, pero sí una obstrucción en su convivencia y un proceso de alienación parental que ya ha expuesto públicamente.