La crisis de los penales en Veracruz

Se trata de Oscar Yahir Vásquez Cabrera, subdirector de seguridad y custodia del Cereso de Poza Rica, quién el pasado mes de julio fue secuestrado y grabado, confirmando algo que se sabe desde hace mucho tiempo, pero poco se habla entre las autoridades:

La crisis en los penales de Veracruz es evidente, el cobro de cuotas, la extorsión y otros delitos continúan, bajo la operación del crimen organizado.

"Eso y más, quizá lo puede provocar, pero lo están provocando también gente que está en prisión preventiva, por eso mucha gente sostiene que ahí es la universidad del crimen", expuso el abigado penalista Tomás Mundo.

En las cárceles del territorio veracruzano no solo existe una operación criminal, sino también la injusticia en donde decenas de personas privadas de la libertad están cumpliendo condenas por delitos que no cometieron, además de los maltratos a quienes les llaman "recomendados", es decir los políticos o ex funcionarios públicos que no son afines a los gobiernos en turno.

"Era muy difícil, yo no podía salir a la iglesia, no podía salir al campo fútbol, no podía salir en alguna de las tienditas que hay ahí dentro del penal a comprar un pan bimbo o un o un refresco", expuso el abogado José Manuel del Río Vírgen.

Abogados refieren que existe opacidad y falta de control en esos sitios que llevan al estado a una situación crítica en materia de reinserción social.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, los penales de Veracruz tienen una capacidad para 6 mil 946 personas privadas de la libertad, aunque los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional a junio de 2025 señalan que estos inmuebles albergan a 8 mil 744 reos, es decir, se registra una sobrepoblación del 25.88 por ciento.

Es el motín de Tuxpan en donde perdieron la vida 9 reos y posteriormente fallecieron 2 más en el hospital, haciendo un total de 11 muertos y siete heridos.

Este hecho obligó al gobierno de Rocío Nahle a instruir operativos sorpresa, sin embargo no han logrado resultados palpables de la realidad de estos centros.

"Tendría que hacerse urgentemente una reforma para que vinculemos las recomendaciones de las NDH a que sean obligatorias. Si no, los gobiernos estatales y los funcionarios estatales lo que hacen es reírse de sus recomendaciones", indicó el abogado José Manuel del Río Vírgen.

Los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtieron sobre las condiciones violatorias a derechos humanos en las que viven hombres y mujeres recluidas en centros de reinserción social.