Legisladores buscan proteger a docentes ante denuncias falsas
Xalapa
Fecha: 18-10-2026
Un anteproyecto de punto de acuerdo será presentado ante el Congreso de Veracruz para exhortar a la Secretaría de Educación de Veracruz a considerar el principio de presunción de inocencia, en los procedimientos administrativos relacionados con quejas o denuncias contra trabajadores de la educación.
La propuesta, impulsada por el diputado local José Reveriano Marín Hernández, busca que las medidas aplicadas durante las investigaciones no afecten de manera anticipada la trayectoria laboral de los docentes antes de que se determine si existe alguna responsabilidad.
De acuerdo con el legislador, los protocolos vigentes pueden derivar en la separación temporal de los maestros de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones administrativas. Señaló que estos periodos pueden extenderse hasta por 45 días y que, cuando no se acredita una falta, los trabajadores pueden reincorporarse a sus actividades.
El planteamiento también busca poner sobre la mesa las consecuencias que pueden tener las acusaciones falsas para el personal educativo, de igual manera, el legislador sostuvo que ha recibido solicitudes de apoyo de docentes que consideran haber sido afectados por señalamientos que no se han demostrado.
La iniciativa, según explicó, no pretende impedir que se investiguen posibles conductas indebidas ni evitar sanciones cuando se acrediten responsabilidades, sino garantizar que los procedimientos administrativos respeten el debido proceso y la presunción de inocencia.
El tema surge en un contexto de denuncias contra personal docente por presuntas conductas inapropiadas, entre ellas un caso registrado en Martínez de la Torre, donde un profesor suplente fue retirado temporalmente de sus funciones tras señalamientos relacionados con tres alumnas. El caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado y las acusaciones fueron rechazadas por el señalado.
La propuesta deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente. Su objetivo es abrir la discusión sobre cómo equilibrar la protección de niñas, niños y adolescentes, la atención de las denuncias y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación mientras se investigan los hechos.
