Ley de Cohabitación ¿Usos y Costumbres la acatarán?

El Congreso del Estado de Veracruz aprobó reformas al Código Penal para tipificar el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años. La legislación fija penas de 8 a 15 años de prisión y sanciones económicas para quienes obliguen, induzcan, gestionen u oferten a niñas, niños o adolescentes a sostener una unión informal, consuetudinaria o de hecho, con o sin su consentimiento. Esta medida busca erradicar los arreglos familiares e informales que históricamente se amparaban en usos y costumbres en la entidad.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en Veracruz más del 40 % de los enlaces que involucran a menores ocurren antes de los 18 años de edad, lo que equivale a un registro de al menos 24 mil 813 niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años en esta situación. Con estas cifras, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor prevalencia de uniones infantiles, tempranas y forzadas, compartiendo los primeros lugares con estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y el Estado de México.

Sanciones penales para familiares e intermediarios

La disposición legal establece que la responsabilidad penal no recaerá únicamente sobre el cónyuge adulto, sino también sobre los facilitadores, intermediarios y familiares que participen en estas acciones. En diversas regiones indígenas y rurales persisten prácticas donde las menores son entregadas a cambio de dinero, dotes, bienes, ganado o la liquidación de deudas familiares.

Sobre el alcance de la reforma, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló:

"No podemos que los usos y costumbres estén por encima de los derechos de las niñas y niños, esto se acaba porque por eso es la ley para acabar con problema que se puedan avalar, que no solo tienen que ver con sanciones penales sino con un contexto de mayor información".

Focos rojos y retos en la aplicación de la ley

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) identifica que, si bien el problema afecta a zonas rurales y periurbanas, los focos rojos se concentran en regiones indígenas caracterizadas por la marginación, el aislamiento geográfico, la pobreza extrema y la deserción escolar. Entre los municipios con mayor incidencia destacan:

Especialistas y activistas señalan que, aunque la tipificación de la cohabitación forzada representa un avance normativo indispensable, el reto principal consistirá en la capacidad de las fiscalías especializadas para procesar las denuncias, la sensibilización de las autoridades municipales y comunitarias, y la erradicación de patrones culturales arraigados en las localidades de mayor vulnerabilidad.