La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió este miércoles atender el reclamo de las madres buscadoras que cuestionaron el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el rancho en Teuchitlán, Jalisco.
La Fiscalía descartó que el lugar fuera un crematorio, como denunció un colectivo de familiares de personas desaparecidas. En su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que su gobierno busca esclarecer los hechos y estar del lado de las víctimas.
"Vamos a seguir escuchando, recibiendo a las, a los familiares, a las madres buscadoras y ver en particular esto a lo que se refieren, que se clarifique y que no quede ninguna duda de algo. Lo importante es la verdad, siempre", expresó la mandataria. Aseguró que no debe quedar "nada en la oscuridad como si se estuviera tapando algo".
La respuesta de la presidenta llegó un día después de que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmara que el Rancho Izaguirre fue usado como campo de adiestramiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero que no se hallaron evidencias de que funcionara como crematorio de personas. Esta declaración fue rechazada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes aseguraron que sí existen restos humanos calcinados en el sitio.
A través de un comunicado, el colectivo recordó que el Instituto Forense analizó los restos encontrados y que estos ya fueron registrados en el sistema SIAVA. Mencionaron que entre los fragmentos hallados se incluyen piezas dentales, fémures, cráneos y falanges, lo que contradice la versión oficial del fiscal general.
La presidenta Sheinbaum insistió en que la Fiscalía es un organismo autónomo, pero también pidió revisar las dudas planteadas por las madres buscadoras. "Siempre hemos dicho estar al lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan", agregó.
La denuncia del colectivo, hecha el pasado 8 de marzo, incluye el hallazgo de 400 pares de zapatos en el lugar, lo que reforzaría la idea de que ahí operaba un sitio de exterminio. Sin embargo, el Gobierno federal lo sigue calificando como un campo de entrenamiento del CJNG.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la crisis de desapariciones en México. Según los registros oficiales, hay más de 120,000 personas no localizadas desde la década de 1960. Colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos han exigido respuestas claras y acciones firmes por parte del gobierno ante la magnitud del problema.
Mientras tanto, las madres buscadoras continúan exigiendo verdad y justicia, sin aceptar explicaciones oficiales que consideran incompletas. La presidenta Sheinbaum ha prometido no cerrar los ojos ante sus demandas.