Habitantes de la colonia Margarita Morán Véliz, sección dos, se movilizaron ante la posibilidad de un desalojo que afectaría a 189 familias, equivalentes a más de 800 personas. Los colonos, acompañados por representantes de otros asentamientos, acudieron a resguardar el predio y solicitar la intervención del Gobierno de Veracruz para evitar que las familias pierdan sus viviendas.
Juventino Navarrete Xilitla, representante de los habitantes, explicó que la preocupación surgió luego de que recibieran información sobre una posible orden judicial para desalojar el terreno que ocupan desde hace aproximadamente 13 años.
Ante esta situación, vecinos de la comunidad y representantes de otras colonias se organizaron para permanecer en el lugar y respaldar a las familias que podrían resultar afectadas.
El representante señaló que en cada vivienda habitan entre cuatro y cinco personas, incluidos menores de edad y adultos, por lo que un eventual desalojo tendría consecuencias para cientos de habitantes.
Regularización del terreno quedó inconclusa
Navarrete Xilitla explicó que la colonia fue fundada hace 13 años mediante un acuerdo con la Dirección de Patrimonio del Estado, que contemplaba la adquisición o expropiación del terreno para regularizar la situación de los habitantes.
De acuerdo con su testimonio, el procedimiento registró algunos avances, pero posteriormente quedó detenido sin que se concretara la compra del predio ni se resolviera la situación jurídica de las viviendas.
Tiempo después, los colonos tuvieron conocimiento de una demanda relacionada con la propiedad del inmueble y, más recientemente, de una posible orden de desalojo.
Ante este escenario, solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobierno de Veracruz para establecer una mesa de diálogo con las autoridades y con la persona que reclama la propiedad del terreno.
El representante aseguró que la problemática ya fue planteada al secretario y al subsecretario de Gobierno, a quienes pidieron participar en las negociaciones para encontrar una solución que permita evitar el desplazamiento de las familias.
Los colonos insistieron en que no buscan enfrentamientos ni actos de violencia, sino alcanzar un acuerdo que les permita conservar sus viviendas y resolver la incertidumbre jurídica que enfrentan desde hace varios años.
Advirtieron que, de concretarse el desalojo, más de 800 personas podrían quedarse sin el espacio que actualmente utilizan como hogar, por lo que consideran urgente retomar el procedimiento de regularización.
