OPLE Veracruz concentró contratos millonarios con empresas bajo investigación

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz encabezó la lista de autoridades electorales estatales que contrataron servicios con compañías vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, al acumular adjudicaciones por 573.4 millones de pesos entre 2014 y 2023.

La información fue presentada por Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 5 de noviembre, como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del sistema electoral.

Veracruz, con el mayor monto de contratos

De acuerdo con los datos expuestos por la funcionaria, las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron más de 2 mil millones de pesos mediante contratos otorgados por 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales del país, durante el periodo comprendido entre 2014 y 2023.

En ese lapso, Veracruz registró el mayor monto de adjudicaciones entre las entidades involucradas, con recursos distribuidos entre tres compañías:

Cajas Graf: 302.9 millones de pesos.

SERIPLAST de México: 263.3 millones de pesos.

Corporativo ZEG: 4.2 millones de pesos.

En conjunto, las contrataciones realizadas por el OPLE Veracruz alcanzaron los 573.4 millones de pesos, según información de la Plataforma Nacional de Transparencia y el histórico de CompraNet.

La secretaria también señaló que, para el periodo 2024-2025, las compañías relacionadas con esta red recibieron aproximadamente 646.3 millones de pesos a través de organismos electorales de 15 estados. En esta nueva etapa, Veracruz ya no aparece entre las entidades que otorgaron contratos.

Investigan posibles empresas fachada

Buenrostro Sánchez explicó que las revisiones realizadas junto con la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera permitieron identificar posibles mecanismos para simular competencia en procedimientos de contratación pública.

Entre las presuntas irregularidades detectadas mencionó vínculos con servidores públicos, falta de registro de trabajadores, ausencia de capacidad técnica comprobable y ocultamiento de los beneficiarios finales de las empresas.