El fenómeno conocido como "rapiña", se refiere al saqueo colectivo de mercancía de vehículos de carga accidentados o inmovilizados en carreteras, mismo que cada vez es más común.
Esta acción se trata de un delito, aunque no está tipificado como tal en todos los códigos penales estatales o federal, de manera uniforme; los actos que la constituyen se castigan bajo la figura penal de robo. Sin embargo, no se aplica la ley, y estos hurtos se dan constantemente en el territorio veracruzano.
Legisladores locales han propuesto endurecer las sanciones y aplicarlas para evitar que este ilícito se siga cometiendo.
"Creo que si hay que modificar la ley, apretar en cuanto a las sanciones, porque definitivamente, porque incluso a manera de hipótesis, hay gente que provoca esos accidentes", expuso el diputado local de Morena Paul Martínez Marié.
El sector transportista constantemente reporta pérdidas millonarias a causa de la rapiña, siendo mercancías como abarrotes, granos, electrónicos y bebidas, de las más afectadas. Además señala la opacidad de las instituciones de la aplicación de justicia; incluso se menciona que estos atracos podrían ser provocados.
Asociaciones transportistas, señalan que los actos de rapiña ocurren en situaciones que involucran a un gran número de personas. La capacidad de las autoridades para llegar a tiempo al lugar y detener a los responsables en flagrancia, es muy limitada.
Además es muy difícil para la empresa afectada identificar a cada uno de los saqueadores para interponer una denuncia individual.
"Si la gente percibe que pues que hay impunidad, que si cometes alguna conducta delictiva no va a tener ninguna consecuencia, pues evidentemente esto propicia que se siga generando este tipo de conducta, pese a que pues está sancionado nuestro código penal en el estado de Veracruz", señaló el abogado Gustavo Stivalet Sedas.
La percepción de que el delito de rapiña no es castigado o queda impune se debe a diversos factores, entre ellos; la dificultad en la flagrancia y detención, la complejidad en la identificación y denuncia, además de la falta de una tipificación específica y el desconocimiento legal.