Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) emitió diversas recomendaciones dirigidas a distintas dependencias y órganos de la administración pública estatal. Éstas tienen que ver con tortura, detenciones arbitrarias y la falta de respuesta a recomendaciones previas.
La Secretaría de Seguridad Pública ha sido una de las dependencias de las que más ha recibido recomendaciones, al igual que la Fiscalía General del Estado, instituciones que de igual forma son las que más han rechazado las recomendaciones.
De acuerdo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz, en el gobierno de Cuitláhuac García se emitieron 437 recomendaciones de las cuales el 90 % de ellas no fueron aceptadas, ello debido a que la ley permite a los entes rechazar la observación sin que se ejecute alguna acción a favor de las víctimas, situación que activistas recriminan,
"La posibilidad de recurrir un rechazo de una recomendación siempre está en favor de las víctimas, es decir, cuando una recomendación es rechazada, las víctimas acreditadas en esa recomendación tienen la posibilidad de interponer un recurso del que conocerá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tendrán la posibilidad de que la Comisión Nacional emita una nueva recomendación", expuso la titular de la CEDH Namiko Matzumoto Benitez,
No obstante, se han registrado asuntos en donde ha intervenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde los casos tienen que ver con violaciones graves en Veracruz, emitiendo recomendaciones directamente al gobernador en turno debido a la falta de atención o cumplimiento por parte de las dependencias estatales a las recomendaciones del órgano estatal.
Tal es el caso de diciembre de 2021 cuando se dirigió la Recomendación 146/2021 al ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), lo cual tampoco se acató.
Legisladores reconocen que es necesario legislar para que estas sugerencias sean acatadas conforme a la ley.