La reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido parte de la discusión y opiniones encontradas entre diversos actores políticos.
Algunas de las propuestas dentro de esta ley son: la eliminación de las candidaturas de representación proporcional, la cancelación de prerrogativas a los partidos políticos, la desaparición de los órganos electorales locales, entre otras cosas, lo cual ha generado críticas e incertidumbre.
"Hemos hablado de no a la desaparición de los OPLES, no a la desaparición de las plurinominales, si al control, si a otros manejos", expuso el diputado local del Partido del Trabajo (PT) Ramón Díaz Ávila.
"La gran mayoría de los ciudadanos creo yo, rechaza eso, pero no nos podemos quedar sin una representación, se tiene que analizar bien a fondo, creo que tiene que ser una representación justa y proporcional a lo que cada partido político tiene en cuanto a votos, también para que la ciudadanía esté bien representada",opinó Fernando Yunes Marquez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).
"En Acción Nacional estamos abiertos a que haya al diálogo, sin embargo lo que queremos es que haya un espacio de diálogo, queremos nosotros plantear inquietudes, poder plantear cómo mejoramos y cómo construimos todos esta reforma", mencionó Indira Rosales San Román, diputada del Partido Acción Nacional (PAN).
Politólogos coinciden en que estos cambios podrían ser un retroceso a la democracia del país, abrir la puerta a la delincuencia organizada para que opere en los procesos electorales, además de conflictos de intereses, en donde quien más tenga, mayor oportunidad tendrá de ganar.
No obstante, también se busca establecer reglas más estrictas para el financiamiento de los partidos, reduciendo el monto de los recursos públicos que se les otorga. Situación que especialistas señalan como una forma de llegar al autoritarismo y a un México de los 70s, en donde el partido en el poder controle todo sin que exista una oposición para alzar la voz por los que no están de acuerdo con sus acciones.
De acuerdo a las primeras versiones de la mandataria federal, uno de los objetivos principales es la reducción del gasto público en las elecciones. Esto incluiría la disminución de los presupuestos asignados al Instituto Nacional Electoral, en donde se ha planteado la posibilidad de compactar la estructura del INE y reducir el número de consejeros, con la idea de hacer el organismo más "austero" y eficiente, lo cual rechazan algunos partidos políticos.
"Es el último clavo a la democracia, si nosotros permitimos este último agandalle, Morena se instala es como si regresamos a 1960, 1970, ya nos quitaron los órganos de la ciudadanía", señaló Carlos Ronzón, politólogo.
Otra de las acciones, tiene que ver con la posibilidad de incorporar el voto electrónico como una modalidad para el voto desde el extranjero.
Para ello, se ha conformado una "Comisión Presidencial para la Reforma Electoral" para coordinar los trabajos legislativos, la cual es encabezada por Pablo Gómez, quien ha sido objeto de debate, señalando que podría privilegiar la lealtad sobre la experiencia técnica.