SCJN ordena libertad por tortura en caso Wallace
La SCJN liberó a Juana Hilda González por violaciones al debido proceso en el caso Wallace. Su condena se basó en confesiones obtenidas bajo tortura
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó este miércoles la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, tras pasar 19 años y cinco meses presa por el secuestro de Hugo Alberto Wallace.
La Corte detectó violaciones graves al debido proceso y el uso de confesiones bajo tortura.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la SCJN otorgó un amparo liso y llano a Juana Hilda González, anulando su sentencia de 78 años por secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas.
El fallo ordena que la autoridad penitenciaria del Cefereso 16, en Morelos, reciba de inmediato la notificación para su liberación total
La Corte consideró inválidas las confesiones obtenidas durante los arraigos del 6 y 21 de febrero de 2006, ya que no se garantizó el derecho de la acusada a no ser torturada.
Tampoco se acreditó de forma sólida su culpabilidad, pues los indicios presentados no fueron suficientes para superar la duda razonable.
Además, se descartaron las pruebas obtenidas durante los cateos realizados en febrero de 2006, al haber sido consecuencia directa de confesiones ilegítimas.
El proyecto fue elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien también votó a favor, al igual que Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf, presidenta de la Primera Sala. El único voto en contra fue del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Pese a los intentos de la Fiscalía General de la República por aplazar la discusión y recusar al ministro ponente, la SCJN resolvió el caso en sesión privada.
La decisión se enmarca en un creciente escrutinio sobre la legalidad de las pruebas usadas en el llamado "caso Wallace", uno de los más mediáticos de los últimos años.
Juana Hilda fue detenida en 2006, un año después del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace. En 2011, fue sentenciada con base en pruebas ahora consideradas inválidas por la Suprema Corte.
La resolución podría abrir la puerta a la revisión de los casos de otros acusados por el mismo delito
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) declaró que la decisión debe aplicarse de inmediato a César F., Albert y Tony C., cuyos amparos estaban suspendidos, así como a Brenda Q. y Jacobo T., aún procesados.
En todos los casos, las pruebas utilizadas también fueron obtenidas bajo las mismas condiciones cuestionadas por la Corte
La decisión de la SCJN marca un precedente en la revisión de casos donde se vulneraron derechos fundamentales. El caso Wallace podría reconfigurarse legalmente, poniendo en duda sentencias que durante años parecieron inamovibles.
