La elección judicial debe ser anulada. Con una participación situada entre el 9 y el 11 por ciento, con irregularidades documentadas y un rechazo ciudadano ampliamente verificado, el proceso carece de legitimidad destaca la organización "Somos Mx".
En conferencia de prensa, señaló que trabajan ya en un expediente jurídico que será presentado para impugnar y solicitar la nulidad formal del proceso pues una jornada que movilizó apenas al 10 por ciento del electorado no puede ser reconocida como un mandato ciudadano.
Estudios estadísticos presentados por el Frente Cívico Nacional: el primero, realizado en campo por Berumen sobre 96 secciones electorales, estimó una participación nacional de 11.9 por ciento. El segundo, elaborado por GEA-ISA mediante una encuesta telefónica nacional de 1,070 entrevistas, arrojó una estimación aún más baja: apenas 9.1 por ciento.
Somos Mx detectó también el uso de "acordeones" o listas preelaboradas, lo que viola el principio constitucional de voto libre y secreto. Se documentaron también casos de acarreo, propaganda oficial, coacción del voto y movilización operada desde gobiernos locales, alcaldías y estructuras federales.
La encuesta de GEA-ISA reveló que más de la mitad de la ciudadanía rechaza la reforma judicial y desconfía de sus motivos. La supuesta popularidad del régimen no se tradujo en respaldo ciudadano real. La abstención fue masiva y deliberada.
Guadalupe Acosta Naranjo, vocero de la brigada destaca que "el proceso no representa la voluntad popular. La ley exige respaldo ciudadano, no simulación organizada. Con 90 por ciento de abstención, por lo que el gobierno no puede hablar en nombre del pueblo mexicano".
Emilio Alvarez Icaza exigió al Instituto Nacional Electoral que actúe con plena autonomía, sin someterse a las presiones del régimen.
También advirtió que no basta con garantizar la vigilancia durante los cómputos, sino que debe asegurarse la integridad de los paquetes en todo momento.
Reiteró que la elección judicial no nació del consenso democrático, sino de una venganza institucional.